- El sindicato exige a la Junta implicación real ante el riesgo de cierre en Toro, Benavente, Miranda de Ebro y La Bañeza
El futuro de unas 600 familias del medio rural de Castilla y León pende de un hilo. UGT ha trasladado al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en las Cortes autonómicas su profunda “preocupación” e “incertidumbre” por la situación crítica que atraviesan las cuatro plantas azucareras de la Comunidad situadas en Toro y Benavente (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León). El riesgo de cierre de estos centros industriales amenaza no solo a los trabajadores, sino también a la estabilidad económica de sus comarcas y al futuro del sector remolachero.
En una reunión mantenida entre representantes sindicales y del GPS, el secretario general del grupo, Pedro González, y la procuradora burgalesa, Virginia Jiménez manifestaron su apoyo a los trabajadores, al tiempo que criticaron la actitud pasiva de la Junta de Castilla y León. “Es sorprendente que el Gobierno de Mañueco se haya enterado de esta situación por la prensa”, señaló Jiménez, recordando que el pasado 15 de mayo tuvo lugar una reunión clave en el Ayuntamiento de La Bañeza entre partidos políticos, administraciones y representantes de los trabajadores, a la que no acudió la consejera de Agricultura, que optó por asistir a una misa en Ávila.
Desde UGT, el secretario general de la Sección Sindical Estatal de FICA-UGT, Benigno Pérez, insistió en que estas plantas “son viables, tienen futuro y son rentables”, y recordó que su posible cierre afectaría directamente a 426 empleos fijos, 145 fijos discontinuos y unos 60 eventuales, todos ellos en entornos rurales donde la industria agroalimentaria es un pilar esencial para fijar población y evitar la despoblación.
Jiménez fue contundente al señalar que la dejadez de la Junta “sí afecta al medio rural” y reprochó al Ejecutivo autonómico que “vuelva a actuar tarde y mal”, limitándose, una vez más, a “enviar una carta” a la empresa propietaria de las plantas para interesarse por su futuro. “Es la dinámica habitual del Gobierno de Mañueco: más preocupado por confrontar con el Gobierno de España que por atender sus propias competencias”, lamentó la procuradora.
Desde el PSOE, se reclama un “compromiso claro, serio y a largo plazo” por parte del Gobierno autonómico, que vaya más allá de gestos simbólicos y se traduzca en acciones concretas para garantizar el mantenimiento de estas industrias estratégicas. “Si Mañueco no ayuda a los agricultores, la industria remolachera también sufre”, advirtió Jiménez.
La situación ha encendido todas las alarmas en el sector, que considera imprescindible el respaldo institucional para asegurar la continuidad de unas plantas fundamentales para la economía regional y el mantenimiento del tejido laboral en zonas donde cada empleo cuenta. Las miradas se centran ahora en la Junta de Castilla y León, cuya respuesta —o falta de ella— será clave para determinar si estas fábricas tienen o no futuro.
