- El Gobierno cifra en más de 3.545 millones de euros los daños directos ocasionados en 14 regiones. Castilla y León figura entre las comunidades especialmente afectadas por unos incendios que han golpeado principalmente a espacios naturales y zonas rurales.
El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños provocados por los graves incendios forestales registrados durante el verano de 2026.
El Ministerio de Hacienda ha remitido la petición a Bruselas argumentando la «excepcional gravedad» de una sucesión de incendios que ha afectado a buena parte del territorio nacional y, de manera especialmente intensa, a Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón.
Según la estimación incluida en la solicitud, los daños directos en las 14 regiones afectadas ascienden a 3.545,57 millones de euros, mientras que las operaciones que podrían resultar elegibles conforme a la normativa europea se cifran en 190,68 millones.
Un verano marcado por los grandes incendios
El Gobierno sitúa el comienzo de este episodio el 9 de julio, con el incendio de Los Gallardos, en Almería. A partir de entonces se sucedieron grandes fuegos en diferentes puntos del país en un contexto meteorológico especialmente adverso, caracterizado por temperaturas muy elevadas y sucesivas olas de calor.
Entre los incendios destacados por Hacienda figuran los de Los Gallardos (Almería), Orés-Cinco Villas (Zaragoza), La Mierla (Guadalajara), Sierra Oeste de Madrid, Burgohondo y Navaluenga (Ávila), La Vall d’Uixó (Castellón) y Niebla (Huelva).
En conjunto, estos grandes incendios afectaron a más de 170.000 hectáreas, según las estimaciones de EFFIS-Copernicus citadas por el Ministerio.
La gravedad de la situación llevó a que el 23 de julio se declarase, por primera vez en España ante un incendio forestal, una emergencia de interés nacional, como consecuencia de los fuegos de la Sierra Oeste madrileña y el sur de Ávila. También fue necesario solicitar asistencia mediante el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Castilla y León, entre las comunidades más afectadas
La solicitud presentada a la Comisión Europea destaca expresamente a Castilla y León entre los territorios especialmente golpeados por los incendios de este verano.
Los fuegos han ocasionado daños ambientales, sociales y económicos en espacios forestales, explotaciones agrarias, infraestructuras y poblaciones.
El impacto ha sido especialmente significativo en el medio natural y rural, afectando a la actividad y al modo de vida de numerosos vecinos y poniendo también en peligro ecosistemas de importancia para la conservación de especies amenazadas.
Además, decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas o confinadas durante los episodios más graves.
Más de 3.500 millones de euros en daños
Hacienda cifra concretamente en 3.545,57 millones de euros los daños directos ocasionados en las 14 regiones incluidas en la solicitud.
La magnitud de la emergencia obligó a movilizar importantes recursos humanos, técnicos y económicos por parte de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Las actuaciones abarcaron desde la protección y evacuación de la población y las labores de extinción hasta la posterior recuperación de las zonas afectadas, la atención a los damnificados y la restauración de servicios e infraestructuras.
El Ejecutivo considera que la magnitud de los daños permite solicitar la intervención del Fondo Europeo de Solidaridad dentro de la categoría de catástrofe natural regional. España ha solicitado asimismo el pago de un anticipo.
¿Qué puede financiar el Fondo de Solidaridad?
El FSUE está concebido para complementar los esfuerzos económicos de los Estados miembros cuando afrontan catástrofes naturales graves.
Los recursos pueden contribuir a financiar actuaciones urgentes como la reparación y recuperación de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas siniestradas, la protección del patrimonio cultural afectado y determinadas actuaciones de recuperación ambiental.
También contempla gastos derivados de los servicios de rescate y emergencia y la provisión de alojamientos temporales para personas que hayan perdido sus viviendas o hayan tenido que ser evacuadas.
Bruselas evaluará ahora la petición
Tras recibir la solicitud española, corresponderá a la Comisión Europea evaluar si se cumplen las condiciones necesarias para recurrir al Fondo y determinar la cuantía de la posible contribución financiera.
Según la información facilitada por Hacienda, la Comisión dispone de un plazo de seis semanas desde la recepción de la solicitud para realizar esta evaluación. La movilización de los recursos deberá ser posteriormente acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo.
España ya ha recurrido en los últimos años a este mecanismo europeo por otras grandes catástrofes, entre ellas la DANA de octubre de 2024, los incendios forestales del verano de 2025 —con especial incidencia en Galicia y Castilla y León— y las borrascas de enero de 2026 que provocaron importantes daños en Extremadura y Andalucía.
