Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

  • Los datos recogen el impacto sobre las operaciones realizadas por el conjunto de las Administraciones Públicas en un contexto económico y social extraordinario ante la situación de emergencia por la pandemia
  • Hasta julio el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 6,54% del PIB, sin ayuda financiera
  • La financiación procedente del Estado para garantizar su liquidez frente a la pandemia ha permitido que las comunidades autónomas registren un superávit del 0,27% del PIB
  • El Sistema de Seguridad Social modera su déficit y se sitúa en el 0,35% del PIB por las transferencias recibidas del Estado para hacer frente al gasto en prestaciones derivado de la crisis
  • En la primera mitad del año, las CCLL registran un déficit del 0,26% del PIB, originado por el contexto de crisis sanitaria y económica generada por la pandemia

El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas adoptadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.


En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta agosto, que se sitúa en el 5,39% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de julio, que se sitúa en el 6,54% del PIB, excluyendo la ayuda financiera. Finalmente, se han publicado los datos de ejecución presupuestaria de las Corporaciones Locales correspondientes al segundo trimestre del año 2020, que registraron un déficit del 0,26% del PIB.

Como en los meses anteriores, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

DÉFICIT DEL ESTADO (AGOSTO)

En los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.295 millones, lo que equivale al 5,39% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,02%.

Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 13,9%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 18,9%, hasta los 170.775 millones. Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas.

Además, como se señaló en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 110.480 millones, lo que supone una disminución del 13,9% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de agosto están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 81% del total- se sitúan en 89.463 millones, lo que supone una disminución del 16,1%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 13,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 15,6%, hasta los 40.455 millones. Este comportamiento del IVA se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y también a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19. En cualquier caso, la reducción de la recaudación del IVA es inferior a la experimentada en meses anteriores.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden en un 20,4%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 7,1%, destacando el ingreso de gran parte de la cuota positiva de la declaración de 2019, superior en un 3,3% al correspondiente de 2018. Por su parte, el IRPF desciende un 27,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 60,3% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 32,0% así como los intereses, que disminuyen un 18,3%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando en parte el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 170.775 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.

A lo anterior hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones. Este fondo no reembolsable –las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 18,3%, crecimiento en el que inciden los 836 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,7% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 7,0%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la Cooperación internacional corriente se incrementa en un 2,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 55,0%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 10,6% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 745 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49,0%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (JULIO)

Hasta julio de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 73.026 millones de euros, es decir, el 6,53% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 5,42% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 102 millones hasta julio.

  • El déficit del Estado en julio equivale al 5,37% del PIB, 60.071 millones.
  • Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 539 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,05% del PIB, lo que supone un descenso del 24,4% respecto a 2019.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un superávit de 3.062 millones, lo que supone el 0,27% del PIB, frente al déficit del 0,26% del PIB registrado hace un año. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, la obtención de este resultado obedece al adelanto de la financiación procedente del Estado: se han transferido 6.000 millones correspondientes al Tramo I del Fondo COVID-19, 325 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; se ha adelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone 447 millones; incremento de recursos provenientes de la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación, y además con la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, se transfirió el importe derivado de dicha actualización entre marzo y abril.

Además, los ingresos se han incrementado un 9,6%. En este sentido, cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 8,7%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 21,0% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 14,3%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Como ya se ha advertido en los meses previos, hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 26,7%, destacando el descenso del 25,9% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 3,5%, los consumos intermedios crecen un 9,3%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,7% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta julio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 1,6%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 13,5% y las prestaciones sociales un 6,9%. Entre los gastos que descienden se encuentran las transferencias entre AAPP, que caen en un 5,9%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 14,5% y en un 3,1%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta julio de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Murcia, el resto, es decir un total de 14 CCAA, se posicionan en situación de superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 4.089 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,39% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada de la COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 14,2%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,2%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 17.814 millones, lo que representa el 1,59% del PIB, y supone un 73,9% de todo el incremento de gasto registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 3.873 millones, un 0,35% del PIB, frente al déficit del 0,56% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 44,4%. Esta favorable evolución es debida a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 71.223 millones, con una disminución del 1,1% respecto a los de finales de julio de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 94.558 millones, un 9,2% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 11.576 millones en la primera mitad del año. Las cotizaciones sociales descienden un 2,7%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta julio en 12.459 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de julio cercano a los 10.000 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de unos 2.000.000 de personas, cifra que supone el 61,0% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.277 millones, un 59,9% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 131 millones.

DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (JUNIO)

También se han publicado hoy los datos de ejecución de las Corporaciones Locales en términos de contabilidad nacional correspondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, las Corporaciones Locales registraron un déficit del 0,26% del PIB. Este resultado se debe al contexto de crisis sanitaria, social y económica en el que se ha desarrollado la actividad de este subsector desde el mes de marzo.
El déficit de las CCLL tiene su origen en un descenso de los recursos de un 5,3%, a consecuencia de la disminución de los principales impuestos ligados a la actividad económica, mientras que los empleos han crecido en un 1,7%.

Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit consolidado del conjunto de las Administraciones Públicas, excluida la ayuda financiera, es de 72.246 millones de euros en el segundo trimestre de 2020, equivalente al 6,46% del PIB.