Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

  • La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones. Las comunidades autónomas destinarán el 70% a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración); un 26% a modernizar los servicios sociales; y un 4% a la accesibilidad en todos los ámbitos

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha aprobado este viernes, 30 de abril, la distribución territorial de los créditos para la financiación de proyectos de inversión del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A Castilla y León le corresponden este año 41.871.856 euros que, con carácter finalista, la Comunidad Autónoma debe destinar necesariamente a financiar los proyectos que se han comprometido a poner en marcha en las tres líneas que determina el componente (cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal) para contribuir a sus objetivos.

Este compromiso se recogerá en un convenio bilateral que se firmará entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma. Además, se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre todas las administraciones para asegurar que realmente se alcanzan los objetivos de transformación social que persigue este componente.

También es importante señalar que las entidades locales también participarán en este componente, a través de dos vías. Por un lado, de los fondos gestionados por la Comunidad Autónoma en su territorio, al menos un 15% debe destinarse a proyectos en los que intervengan las entidades locales. Por otro lado, el Ministerio llevará a cabo proyectos conjuntos con la FEMP, por un valor de 40 millones de euros.

Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los convenios bilaterales entre el Ministerio y las CCAA, donde se recogerán tanto los proyectos concretos que se van a implementar (y su coste) como los hitos y objetivos que las CCAA se comprometen a alcanzar con ellos. Su cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.

A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, gracias a la decisión del gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado. Esto facilitará que se empiece a invertir ya.

Este mismo proceso de distribución de fondos ha de producirse cada año, pero será mucho más rápido, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha concretado con las CCAA los fondos que les corresponderán hasta 2023 y su distribución (se aplicarán los mismos criterios que en 2021) y los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo (muchos son plurianuales, lo que aumentará su impacto). La inversión total de estos fondos en todas las CCAA hasta 2023 será de 2.600 millones. Las comunidades autónomas destinarán el 70% a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración (mejorar las infraestructuras residenciales y adaptarlas al modelo de Atención Centrada en la Persona que se quiere impulsar; centros de día y otros recursos de atención en la proximidad alternativos a las residencias; teleasistencia); un 26% se dedicará a la modernización de los servicios sociales (innovación tecnológica y digitalización; formación de profesionales; proyectos piloto de innovación; infraestructuras de atención a la infancia y cambio de su modelo); y un 4% a la accesibilidad en todos los ámbitos (espacios y servicios de la administración, transportes, educación, etc.).