• El PP apuesta por el desalojo de los okupas en 12 horas y por penas de cárcel de 1 a 3 años para quienes ocupan ilegalmente una vivienda
  • Los zamoranos pueden firmar la petición en la sede provincial del partido y en Change.org
  • El Gobierno PSOE-Podemos mira hacia otro lado y niega esta lacra social
  • El PP trabaja en defensa de los afectados y para garantizar una vivienda a quienes realmente lo necesitan

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios Tejero, y la parlamentaria en el Congreso de los Diputados por la provincia, Elvira Velasco Morillo, piden a los zamoranos que apoyen el Plan Antiokupación presentado por Pablo Casado ya que, aunque no es un problema que afecte especialmente a la provincia, todos los ciudadanos debemos ser solidarios con quiénes lo sufren de alguna manera.

Los zamoranos pueden firmar la petición acudiendo a la sede provincial del partido o en el Change.org en el siguiente enlace: https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-parar-las-okupaciones-ilegales

En este sentido, han informado que el Partido Popular ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para luchar contra la okupación ilegal, acompañada por la presentación de mociones en los más de 7.000 ayuntamientos en los que el partido tiene representación, incluidas la práctica totalidad de los de la provincia de Zamora.

Del mismo modo, han añadido que la ocupación ilegal es inadmisible e intolerable y por ello el Partido Popular promueve el desalojo de los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años y la incitación a ella, con penas de cárcel de 3 meses a un año.

Al mismo tiempo, el Plan Anti Okupación prevé que no se permita a los okupas ilegales empadronarse en las viviendas ocupadas.

Mientras el Gobierno del PSOE y Podemos de Sánchez e Iglesias mira hacia otro lado y niega esta lacra social que afecta cada vez a más familias en España, José María Barrios y Elvira Velasco han concluido que el PP estará en la defensa de las víctimas, tanto de los propietarios de las viviendas ilegalmente okupadas como de sus vecinos y, al mismo tiempo, en la garantía de facilitar una vivienda a quienes realmente lo necesitan.