SAF – 11 de noviembre de 2014.

La subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, y el presidente de la Diputación, Fernando Martínez- Maíllo, se han reunido esta mañana en el salón del plenos del Palacio Provincial con un primer grupo de alcaldes y secretarios municipales para impulsar la aplicación de las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno con el objetivo de racionalizar la situación económica de los ayuntamientos y de erradicar la morosidad en el sector público. La implantación de la factura electrónica, que será obligatoria desde el 15 de enero de 2015, así como el uso de la plataforma electrónica de la Administración General del Estado para ahorrar recursos, fueron los asuntos más destacados de esta reunión informativa.

En esta primera ronda informativa, la subdelegada del Gobierno y el presidente de la Diputación han convocado a una treintena de alcaldes y secretarios de ayuntamientos, con la finalidad de informar, recordar e impulsar diversas medidas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidas por el Gobierno de España y que obligan a las administraciones públicas, en este caso a las entidades locales.

La ejecución forzosa de acuerdos y actos de la Administración Local, la obligación de informar sobre las retribuciones de miembros electos y de los puestos de trabajo de la Corporación, la remisión de actas o la inminente obligatoriedad de la factura electrónica, fueron los aspectos más importantes tratados en esta primera reunión.

Factura electrónica

Dentro del conjunto de reformas que ha promovido el Gobierno para racionalizar la situación económica y erradicar la morosidad en el sector público, la Ley 25/2013 contempla el impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas. La factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los mismos requisitos legales de la factura tradicional, y será obligatoria para proveedores a partir del 15 de enero de 2015 para importes superiores a 5.000 euros.

Paralelamente, se pone en funcionamiento el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), una plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado (AGE) a través de un único punto.

La normativa prevé la creación obligatoria para cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina contable competente. De este modo habría un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, en total tres, salvo que las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

Es por lo que se crea el denominado punto general de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administraciones, con posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que cada Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entrada de facturas electrónicas.

Con este objetivo de racionalizar y ahorrar recursos, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse al citado Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, adhesión que pueden realizar a través de la página https://face.gob.es, en la que también podrán obtener un manual de funcionamiento.

Esta modalidad de factura será obligatoria para todos los proveedores de la Administración, obligación de la que podrán ser excluidas reglamentariamente las facturas cuyo importe sea superior a 5.000 euros.

La Intervención General del Estado será el órgano competente para la gestión y mantenimiento del registro contable de facturas de la AGE.

El registro contable de facturas de las Administraciones Públicas proporcionará al sistema contable la información necesaria para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago y determinación del medio de pago, todo ello con el objetivo final de racionalizar y normalizar la situación económica del sector público, incluidos los ayuntamientos, y evitar que se repitan situaciones no deseables.