Virginia Barcones preside en Burgos la Comisión Territorial de Asistencia a la delegada del Gobierno en Castilla y León en materia de Seguridad

  • La Comisión de Asistencia reúne en el CENIEH a todos los responsables de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma en esta materia, incluidos los subdelegados y los responsables de Policía y Guardia Civil en la comunidad autónoma y en cada provincia
  • Son ya más de mil los desplazados por la guerra en Ucrania que han solicitado protección temporal en alguna de las comisarías provinciales de Castilla y León
  • Nuestra comunidad autónoma recibe hoy 600 tratamientos completos del medicamento Paxlovid para evitar el agravamiento por covid-19 de pacientes leves con factores de riesgo
  • La tasa de criminalidad en Castilla y León se sitúa en 31,1 infracciones penales por cada mil habitantes, diez puntos menos que la media de España que es uno de los países más seguros de la Unión Europea
  • El Gobierno movilizará 16.000 millones de euros para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas

Virginia Barcones ha informado esta mañana, en el transcurso de la Comisión de Asistencia a la Delegada del Gobierno en Castilla y León, de que los “actos violentos, de sabotaje y las coacciones a las personas que querían trabajar se han reducido considerablemente en los últimos días”. Desde que comenzaron los paros, han sido detenidas o investigadas 40 personas como presuntas autoras de delitos de daños, lesiones o contra la seguridad vial.

Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado 600 escoltas y han garantizado que 5.000 camiones (60 y 850 en Burgos) hayan llegado a su destino para, en palabras de la delegada, “evitar desabastecimientos que privaran a la ciudadanía de productos de primera necesidad, que murieran los animales de las granjas por falta de alimentos o que muchas empresas tuvieran que cerrar porque no podían recibir las materias primas con las que trabajan”.

Por este motivo, Barcones, ha felicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil “por el trabajo bien hecho y porque, como siempre, están siendo garantes del cumplimiento de las leyes para que todos nos podamos sentir amparados por nuestro Estado de Derecho y seguros”. También ha puesto en valor el trabajo de los subdelegados del Gobierno que “han llevado, en primera persona y hablando directamente con las empresas que necesitaban ayuda, la coordinación de los convoyes a lo largo de todo el trayecto que debían realizar para garantizar el derecho al trabajo de los que quisieran hacerlo y que no hubiera desabastecimiento de ningún tipo”.

“Hemos asistido”, ha dicho la representante del Gobierno de España en Castilla y León, “a actos que han puesto en grave riesgo la vida de las personas y es algo que no se puede consentir. Arrojar piedras a las lunas de camiones en marcha o ruedas en la carretera o soltar la caja que transportan o sembrar de clavos, una vía puede causar graves accidentes”.

También ha valorado la respuesta que ha dado el Gobierno para paliar la situación que vive el sector del transporte de mercancías por carretera.

“Así”, según ha dicho, “acabamos de conocer, además, el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que protegerá a los sectores y ciudadanos más afectados. Se movilizarán 16.000 millones de euros, para cubrir actuaciones que ayuden también en materia de transportes. E igualmente a las familias, trabajadores, personas desplazadas y para ayuda humanitaria. Para proteger al tejido económico y empresarial. También, medidas en materia de ciberseguridad y de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas”.

RECEPCIÓN DE DESPLAZADOS

Otro de los temas tratados en la Comisión de Asistencia ha sido el de la recepción de desplazados por la guerra en Ucrania. Virginia Barcones ha indicado que “han llegado a Castilla y León, además de las que han ido siendo alojadas por los cauces establecidos por la Secretaría de Estado de Migraciones, personas ayudadas por familiares y amigos que aquí residen o por organizaciones no gubernamentales que han puesto en contacto directamente a refugiados con familias que ofrecían alojamiento”.

Pese a ello, según la delegada, “las cifras de las personas que han llegado las vamos sabiendo a medida que van solicitando la protección temporal, algo que van a hacer todos ellos, puesto que, de forma automática, salen de la comisaría provincial con esa protección y con el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Además, antes de 24 horas reciben también los permisos de residencia y de trabajo”.

Hasta el momento, son ya 1.012 los ciudadanos ucranianos y procedentes del éxodo que ha supuesto la guerra en aquel país los que han solicitado la protección temporal, trámite que se realiza en las nueve comisarías provinciales de Castilla y León.

Por provincias, desde el lunes 14 de marzo, momento en el que se puso en marcha en tiempo récord el procedimiento, en Burgos se han tramitado 133; en Ávila, 100; en León, 165; en Palencia, 69; en Salamanca, 119; en Segovia, 145; en Soria, 73; en Valladolid, 173, y en Zamora, 35.

Según ha indicado Barcones, “la coordinación entre todos los actores que intervienen está siendo buena. He celebrado diversas reuniones con la Junta de Castilla y León y se ha creado un órgano que coordina también con las entidades locales, las ONG y los nodos de transporte donde podrían llegar los refugiados de forma masiva, que su recepción y acogida se realice con normalidad y que la solidaridad del pueblo español y de Castilla y León permita que puedan vivir entre nosotros en las mejores condiciones posibles”.

En la última reunión de coordinación, celebrada el pasado viernes, las organizaciones no gubernamentales que actúan en primera instancia (Accem y Cruz Roja) informaron de la llegada de unas 300 personas en los próximos días. “Pero”, ha insistido la delegada, “como todas ellas solicitarán la protección temporal, sabremos con exactitud las que han llegado y están llegando a las nueve provincias de Castilla y León”.

PAXLOVID

Virginia Barcones se ha referido también a la distribución, hoy lunes, en Castilla y León de 600 tratamientos completos del medicamento Paxlovid contra la covid-19. 225 tratamientos llegan al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, otros 209 al Río Hortega de Valladolid y los 165 restantes, al Hospital Universitario de Salamanca, para su redistribución desde allí a toda la comunidad, según las necesidades.

El Gobierno de España ha adquirido 344.000 tratamientos de este medicamento de la compañía Pfizer. Hoy se han distribuido en toda España 11.900 tratamientos y en los próximos días se suministrarán fármacos hasta completar la cifra de 50.000 tratamientos para este primer trimestre del año 2022.

Se trata de una herramienta más en la lucha contra esta enfermedad. Este nuevo fármaco se suma a las vacunas y a otros medicamentos para evitar que pacientes positivos con unos determinados condicionantes puedan evolucionar a un estadio grave de la enfermedad. «Es un cóctel antiviral que se incorpora para seguir salvando vidas», ha dicho la delegada, “y es una herramienta más del Sistema Nacional de Salud y de los profesionales sanitarios, pues se suministrará bajo prescripción médica”.

Paxlovid presenta diferencias relevantes respecto a las alternativas existentes, ya que tiene la ventaja de administrarse por vía oral, lo que permitiría realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves con factores de riesgo para progresión a covid-19 grave. Ha mostrado una eficacia del 89% en este tipo de pacientes.

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron balance de los últimos datos de seguridad ciudadana y su comparación con las mismas cifras de años precedentes. Tanto el jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan José Campesino, como el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo, incidieron en que las últimas cifras, que son las que publica en su web la Secretaría de Estado de Seguridad, indican que en 2021 nos movimos en parámetros similares a los de 2019, que son los que se toman como referencia toda vez que 2020 fue un año totalmente atípico como consecuencia de la covid-19.

La tasa de criminalidad de Castilla y León se sitúa en 31,1 delitos por cada mil habitantes, siete décimas menos que en 2019. Esto vuelve a situar a la comunidad como la cuarta más segura de España, tras Extremadura, Asturias y La Rioja, “a pesar de su extensión y de la dispersión de la población, lo que implica que la tarea de prevenir los delitos sea mucho más compleja”, ha señalado la delegada. España, que es uno de los países más seguros de la Unión Europea, presenta una tasa de criminalidad de 41,3 infracciones penales por cada mil habitantes, diez puntos por encima de la media de Castilla y León. En cuanto a Burgos, la tasa de criminalidad es de 33,5 delitos por cada mil habitantes.

Barcones quiso poner también el acento en el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en Castilla y León, que supera el 40%, frente al 38,5% de 2019, es decir, que “Policía y Guardia Civil son cada vez más eficaces y esclarecen más delitos del total de denunciados. Esto es así, pese a que se han incrementado exponencialmente en los últimos años el número de delitos telemáticos que son, como no es difícil entender, muy complicados de resolver”.

La delegada del Gobierno ha dicho que “este Gobierno de España considera absolutamente prioritario invertir en seguridad en beneficio del interés general, lo que se ha traducido en un aumento presupuestario que ha permitido recuperar efectivos para las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil e invertir 600 millones de euros en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado”.

A esta cantidad hay que añadir otros 400 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para aumentar y modernizar los medios materiales a disposición de las FCSE. Barcones ha recordado que “en Burgos se van a invertir 7,3 millones de euros de los casi 59 que se emplearán en Castilla y León para mejorar nuestros cuarteles, comisarías y centros penitenciarios”.

Además, desde el Ministerio del Interior se ha impulsado la planificación estratégica frente a determinados fenómenos delictivos, como el Plan Director para la mejora de la seguridad, el Plan de Prevención, Protección y respuesta Antiterrorista, los planes de lucha contra la trata de seres humanos y delitos de odio, el Plan de Actuación y Coordinación Policial frente a grupos violentos de carácter juvenil, de vigilancia en zonas de ocio y de armas blancas.

“Por desgracia”, ha recordado la delegada, “es imposible erradicar totalmente la violencia y a veces se producen hechos tan lamentables como el ocurrido aquí en Burgos el pasado sábado. La Policía actuó con diligencia y a las pocas horas fue detenido el presunto autor del asesinato”.

VIOLENCIA DE GÉNERO.

Barcones se detuvo expresamente en los delitos contra la indemnidad e integridad sexuales y de violencia contra las mujeres. En este sentido, la delegada pidió “no bajar en ningún momento la guardia. No vamos a permitir que se dé ni un solo paso atrás en derechos que ha costado tanto que fueran reconocidos. Y, por encima de todos, está el derecho a la vida. No podemos permitir que nos hagan perder el tiempo en discutir si existe o no la violencia de género porque es un debate absurdo. Claro que existe”.

Y dio las cifras facilitadas por la coordinadora de las unidades contra la violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y león, Rocío López. En 2021 hubo 44 asesinatos en España de mujeres víctimas de violencia de género, tres ocurrieron en Castilla y León: “Mansilla de las Mulas (León), Valladolid y Doñinos (Salamanca), con tres vidas truncadas y tres hijos menores de edad huérfanos, que elevan a 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad desde que se inició el registro, en 2003. Y en España, este número se eleva a 1.126 mujeres. En Burgos han sido once”. Además, hay un caso más en investigación en Valladolid, lo cual podría elevar este número a cuatro mujeres asesinadas en Castilla y León en 2021.

En Castilla y León hay 3.257 mujeres con atención policial en el sistema Viogen, 638 en Burgos. En cuanto a este sistema, el Viogen, en 2020 había 16 ayuntamientos adheridos, solo tres capitales de provincia, León, Salamanca y Valladolid. En 2021 se han sumado todas las capitales, 34 nuevas adhesiones hasta las 50 actuales. “Y esta es”, según Barcones, “la línea que vamos a seguir, la de trabajar para la incorporación de todos los municipios de Castilla y León que cuenten con Policía Local al sistema Viogen, porque considero importante la implicación de las policías locales a través de este sistema. La proximidad y la empatía con las víctimas aporta un sentimiento de seguridad que tenemos que aprovechar”.

TRÁFICO

Según el informe presentado por la coordinadora de Tráfico de la DGT en la zona Norte (Castilla y León, Asturias y Cantabria), Inmaculada Matías, las víctimas mortales en accidente de tráfico en nuestra comunidad autónoma fueron 92 en 2021, 89 en 2002 y 96 en 2019. En cuanto a Burgos, el año pasado hubo 11 por los 16 que se produjeron en 2020 y los 9 de 2019.

Por tipos de accidentes mortales, el más frecuente es en Castilla y León la salida de vía, con 31 fallecidos, aunque hay que destacar la reducción de los fallecidos por este motivo puesto que se ha pasado de 44 en 2019 a 31 en 2021. Y por factor concurrente, la distracción continúa siendo el principal factor desencadenante de accidentes mortales, con 43 fallecidos. Le sigue la velocidad inadecuada, que aumenta de 19 a 25 fallecidos, 23 de los cuales perdieron la vida en carreteras convencionales.

“Me gustaría destacar”, ha señalado la representante del Gobierno de España en Castilla y León, “que han descendido los fallecidos con factor concurrente ‘consumo de alcohol’. Ha habido tres, cuatro menos que en 2019. Y no se ha registrado ningún accidente con víctimas mortales con factor concurrente ‘consumo de drogas’ cuando en 2019 se registraron cinco fallecidos”.

En cuanto a los datos provisionales de 2022, se han registrado en vías interurbanas de Castilla y León 16 fallecidos, dos más que en 2021. En Burgos ha habido un fallecido este año.

La delegada del Gobierno también se ha referido a la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado lunes y que “espero que suponga un descenso del número de accidentes y de víctimas mortales en nuestras carreteras. Implica cambios importantes en la normativa, aunque no en las sanciones económicas, porque son las mismas. Aunque sí que hay más detracciones de puntos del carné de conducir”.

La Ley refleja los cambios que se están produciendo en la obligada protección del medio ambiente y en la movilidad. Incorpora a la Ley los vehículos de movilidad personal y dota de mayor seguridad a los usuarios de las bicicletas. También incide sobre los elementos esenciales de la seguridad vial como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no usar el cinturón de seguridad.

PROTECCIÓN CIVIL

En cuanto a los temas que gestiona la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, el jefe de la Unidad, Rubén Sande, explicó que se han propuesto adjudicar subvenciones por un importe de 12 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal dañados por la borrasca Filomena.

FONDOS EUROPEOS

También se habló en el seno de la Comisión de Asistencia de la importancia para Castilla y León de saber aprovechar las oportunidades que brindan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La Junta de Castilla y León ha recibido ya de la Administración Central unos 800 millones de euros para que lance convocatorias que permitan distribuir este dinero en nuestra comunidad autónoma para los fines que marcan los distintos componentes de este Plan España.

De la Comisión de Asistencia a la Delegada forman parte los subdelegados del Gobierno en la Comunidad Autónoma, y los responsables de las áreas de la Administración del Estado implicadas en la seguridad: responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Tráfico, Protección Civil y Violencia contra la mujer, que presentaron sus informes a la delegada.

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