- El conflicto en torno al cierre de servicios ferroviarios en la comarca de Sanabria sigue sumando capítulos. Unión del Pueblo Leonés (UPL), la Asociación Viriatos de Zamora, la Asociación de Ganaderos Libres de Zamora (AGRYGALZA) y la plataforma Terra SOS-tenible han anunciado este lunes la resolución del Juzgado de Instrucción nº 5 de Zamora, que ha desestimado las medidas cautelares solicitadas en el marco de la denuncia presentada contra Renfe y los presuntos responsables de suprimir los servicios en la zona.
Según informan las entidades demandantes, la Fiscalía ha mostrado su oposición a las medidas cautelares alegando falta de competencia territorial, al considerar que la decisión del cierre no fue tomada en Zamora, por lo que los tribunales de esta provincia no serían competentes para intervenir.
Por su parte, el auto judicial se basa en que “no consta aportado a los autos” el documento oficial que sustente quién firmó la resolución de cierre, y por tanto, no se puede determinar su validez legal. Esta ausencia documental, denuncian las asociaciones, no es casual, sino prueba de lo que califican como una “actuación en vía de hecho” por parte de Renfe y ADIF, con el respaldo del Ministerio de Transportes a través de la Secretaría de Estado.
Las plataformas recuerdan que no existe publicación alguna de esta decisión ni en el Boletín Oficial del Estado, ni en las páginas de Renfe, ADIF o del propio Ministerio, lo que en su opinión evidencia una falta total de transparencia y legalidad en el proceso de cierre de servicios.
Lejos de desistir, las entidades han anunciado que interpondrán un recurso de reforma contra el auto judicial, manteniendo su compromiso de defender a los ciudadanos de Sanabria ante lo que consideran un atropello institucional.
“Seguiremos exigiendo responsabilidades y la restitución de los servicios ferroviarios en Sanabria, porque lo que está ocurriendo es un desprecio a la ciudadanía, al mundo rural y a la legalidad vigente”, han declarado de forma conjunta.
Este caso, que mezcla derechos ciudadanos, movilidad rural y competencias institucionales, se perfila como un nuevo frente en la lucha por el reequilibrio territorial y el acceso a los servicios públicos en las zonas más castigadas por la despoblación.
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