- El conflicto por la supresión de las paradas del AVE en Otero de Sanabria da un paso más en su recorrido judicial y abandona, por ahora, los tribunales zamoranos. El colectivo de denunciantes que ha encabezado esta batalla legal —formado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos de Zamora, AGRYGALZA (Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora) y Terra SOS-tenible— ha decidido llevar su caso ante los Juzgados de Instrucción de Madrid y la Audiencia Nacional, tras el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Zamora que ha declinado su competencia territorial y decretado el sobreseimiento provisional de la causa.
La denuncia, que en su día señalaba a altos cargos de RENFE, ADIF, el Ministerio de Transportes y al propio alcalde de Vigo, ha sido archivada por el tribunal zamorano, que argumenta no tener competencia, al no haberse producido los hechos denunciados en esa provincia ni residir allí los implicados. Según el auto, el proceso debe trasladarse a Madrid, lugar donde se habrían dictado las resoluciones presuntamente ilegales. Sin embargo, las entidades denunciantes subrayan que dicha resolución no ha sido ni publicada ni ejecutada formalmente, lo que consideran una grave irregularidad.
El núcleo de la denuncia gira en torno a la eliminación de varias paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación zamorana de Otero de Sanabria, suprimidas desde el 9 de junio de 2025 sin mediar declaración de interés público ni procedimiento administrativo conocido. Un hecho que, según los colectivos, vulnera derechos fundamentales de los habitantes de la comarca, quienes dependen del tren para acceder a servicios básicos como sanidad, educación o trabajo.
Los denunciantes aseguran que la medida podría constituir delitos de prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal) y de abandono ilegal de un servicio público esencial (art. 409 CP), al tratarse de una línea ferroviaria incluida en el régimen de Obligación de Servicio Público (OSP), cuya modificación requiere un procedimiento formal y una motivación justificada, elementos que —afirman— han sido completamente ignorados.
Además, sostienen que la decisión responde a intereses políticos o territoriales ajenos al interés general y recuerdan que el Estado ya subvenciona estos servicios ferroviarios, por lo que el cierre no se justifica por razones económicas.
Con esta nueva fase judicial en marcha, el caso traspasa las fronteras de Zamora y adquiere dimensión nacional. La presentación de la denuncia en Madrid y ante la Audiencia Nacional busca no sólo reactivar el procedimiento, sino también elevar el nivel institucional del debate sobre la vertebración territorial y la defensa del medio rural.
“Seguiremos luchando”, aseguran desde las organizaciones promotoras, “porque la movilidad es un derecho, y porque sin tren, no hay futuro para nuestros pueblos”.
Con este paso, el conflicto de Otero de Sanabria se convierte en símbolo de una causa más amplia: la del equilibrio territorial, la cohesión social y la lucha contra la despoblación rural. El andén está más vacío, pero la batalla por llenarlo continúa.
