- El Real Decreto, impulsado por el MITECO, mejora la interoperabilidad de los medios, refuerza la protección del personal y consolida una respuesta común ante incendios cada vez más extremos, en línea con el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un nuevo real decreto que desarrolla medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en todo el territorio nacional. La norma supone un paso decisivo hacia un sistema más integrado, seguro y eficaz, en un contexto marcado por el aumento de incendios cada vez más virulentos como consecuencia del cambio climático.
El texto establece un marco común de actuación que refuerza la cooperación entre las distintas administraciones públicas y los dispositivos operativos implicados en la lucha contra el fuego. El objetivo es claro: mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del sistema público ante emergencias, garantizando al mismo tiempo una mayor seguridad para el personal que trabaja sobre el terreno.
El nuevo decreto se enmarca en los compromisos del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que aboga por políticas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos. En este sentido, la norma consolida un modelo nacional de gestión de emergencias por incendios forestales basado en la prevención, la cooperación institucional y la protección de los ecosistemas.
Cinco actuaciones clave para una respuesta más eficaz
La norma articula cinco medidas fundamentales destinadas a mejorar la coordinación operativa y reducir riesgos durante las intervenciones. En primer lugar, establece una calificación homogénea de las unidades de extinción, lo que permitirá identificar de forma común las capacidades de cada dispositivo y facilitar su colaboración, independientemente de la administración de la que dependan.
Asimismo, se aprueba un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados que incrementan la seguridad y la eficiencia de las operaciones con aeronaves, un elemento clave en los grandes incendios. A ello se suma la implantación de indicativos de radio unívocos, que armonizan las comunicaciones y minimizan errores en situaciones de máxima tensión.
El decreto también introduce una simbología común para los mapas operativos, facilitando una interpretación compartida de la información geoespacial y una toma de decisiones más ágil y precisa en tiempo real. Por último, se fijan estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando que todo el personal interviniente cuente con la protección adecuada conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Cooperación institucional y protección del territorio
Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley de Montes y han sido elaboradas en el seno de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes. El enfoque técnico del real decreto respeta el marco competencial y refuerza la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, un aspecto clave ante incendios de gran magnitud.
El objetivo último de esta nueva normativa es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad de quienes trabajan en primera línea contra el fuego, mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta operativa más coordinada y eficaz. Un avance relevante en un momento en el que la lucha contra los incendios forestales se ha convertido en uno de los grandes retos ambientales y de protección civil del país.
