- La Junta anuncia que no acudirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto y reclama al Gobierno que complete los expedientes de cada menor antes de cualquier traslado a la Comunidad. El Ejecutivo autonómico sostiene que debe priorizarse la reunificación familiar y el retorno al país de origen.
La Junta de Castilla y León ha comunicado al Ministerio de Juventud e Infancia que no participará en la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el próximo 13 de agosto, al mostrar su rechazo al traslado a la Comunidad de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
La decisión ha sido trasladada mediante una carta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y firmada por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán.
El Gobierno autonómico centra su posición en la situación jurídica individual de los menores y sostiene que, antes de proceder a su distribución entre comunidades autónomas, deben haberse tramitado y resuelto los correspondientes expedientes para determinar las circunstancias de cada uno de ellos.
Según recoge la comunicación remitida al Ministerio, la postura de Castilla y León «no responde a razones de oportunidad política», sino que la Junta la vincula al cumplimiento del ordenamiento jurídico y al principio del interés superior del menor.
La Junta defiende la reunificación familiar
El Ejecutivo de Castilla y León considera que ese interés superior debe tener como referencia la reunificación familiar y, cuando corresponda legalmente, el retorno al país de origen.
Por este motivo, solicita al Ministerio que no lleve a cabo actuaciones encaminadas a preparar o ejecutar el traslado de menores procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación.
La Junta reclama, además, recibir la documentación correspondiente a cada menor cuyo traslado a Castilla y León pudiera plantearse. Entre ella, pide conocer las actuaciones realizadas para localizar a su familia, determinar su edad y valorar su interés superior, así como la resolución administrativa adoptada en cada caso.
El Gobierno autonómico argumenta que corresponde al Estado resolver estos procedimientos y considera que una comunidad autónoma no debería asumir la tutela derivada de un traslado mientras la situación jurídica del menor no haya quedado previamente determinada.
Castilla y León anuncia acciones judiciales
La posición expresada por la Junta va más allá de su ausencia en la reunión del próximo 13 de agosto. El Ejecutivo autonómico anuncia que recurrirá judicialmente aquellos expedientes individuales que no concluyan con el retorno a Marruecos.
Castilla y León sostiene que los menores llegados a Ceuta desde Marruecos deberían ser objeto, previa tramitación individualizada, de procedimientos encaminados a su reunificación familiar o, cuando esta no resulte posible, a su entrega a las autoridades tutelares marroquíes.
Esta es la interpretación defendida por la Junta, que considera que la decisión sobre la permanencia de los menores en España corresponde al Estado y no a las comunidades autónomas.
Una reunión sobre la atención a menores migrantes
La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto abordará también la elevación a la Conferencia Sectorial del acuerdo de distribución territorial correspondiente a 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar en Ceuta la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
La Junta ha solicitado formalmente que, antes de cualquier posible traslado a Castilla y León, el Ministerio remita la certificación de la situación administrativa de cada menor y el expediente completo correspondiente.
