- La lucha por el tren en Sanabria no ha dicho su última palabra. Las organizaciones Unión del Pueblo Leonés (UPL), Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA han presentado un recurso de reforma contra el auto judicial que desestimó su denuncia para frenar la supresión de las paradas del AVE en Otero de Sanabria. Una decisión que entró en vigor el pasado 9 de junio, y que, según denuncian, ha dejado a la comarca sin un servicio esencial para su día a día.
El recurso, interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora, impugna el auto dictado el 12 de julio de 2025, en el que el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas. Para los denunciantes, el auto “no ha entrado en el fondo del asunto, a pesar de estar ampliamente documentado con datos, argumentos y hechos que evidencian una clara vulneración de derechos fundamentales”.
Las organizaciones argumentan que la supresión de los trenes de las 8:46 y 9:35 horas, y la llegada de las 8:15, ha causado un perjuicio real a la vida diaria de Sanabria. “Estamos hablando de sanitarios, docentes y vecinos que ahora no pueden llegar a tiempo a sus trabajos o citas médicas en Zamora y Madrid. Esta no es una cuestión técnica, es una cuestión de dignidad y supervivencia para una comarca rural que ya sufre el aislamiento y la despoblación”, afirman.
El corazón de la denuncia radica en una presunta vulneración de la Obligación de Servicio Público (OSP). Esta línea de alta velocidad fue declarada como OSP el 25 de diciembre de 2022, lo que implica que debe mantenerse activa independientemente de su rentabilidad, con tarifas asequibles y accesibilidad garantizada. “Renfe ha incumplido esta obligación de forma arbitraria y sin justificarlo legalmente”, sostienen.
Más aún, el recurso subraya que no existe una declaración formal de interés público que respalde esta decisión. La normativa exige que dicha declaración esté motivada, publicada y contenga análisis de impacto social, alternativas y objetivos claros. “Nada de esto ha sido comunicado ni a los ciudadanos ni a los ayuntamientos afectados”, denuncian.
También se plantea una posible irregularidad económica. Renfe continúa recibiendo fondos públicos del Estado —hasta 525 millones de euros previstos hasta 2029— por servicios que, en opinión de los colectivos, ya no está prestando íntegramente. Esto podría constituir, advierten, un caso de enriquecimiento injusto a costa del desmantelamiento del transporte público en la España rural.
En su denuncia inicial, las entidades aludieron incluso a una posible infracción penal: el artículo 409 del Código Penal, que tipifica como delito el abandono colectivo e injustificado de un servicio público esencial.
Con este recurso, UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA esperan que el juzgado reconsidere su decisión y obligue a Renfe y Adif a restablecer inmediatamente las paradas suprimidas en Otero de Sanabria. “No es solo un tren. Es el derecho a vivir con dignidad en Sanabria”, concluyen.
El caso se ha convertido ya en un símbolo del abandono institucional que sufren muchas comarcas del interior. En un contexto de despoblación, crisis del transporte público y falta de servicios básicos, el futuro del AVE en Otero representa algo más profundo: el compromiso —o la renuncia— de los poderes públicos con la cohesión territorial y la justicia social.
