- El Gobierno de España da un paso más en su estrategia por garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, consolidando este derecho como el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. Con este objetivo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado la incorporación de ocho infraestructuras penitenciarias y sus terrenos al patrimonio de Sepes, la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo.
Estos inmuebles, hasta ahora destinados a funciones penitenciarias y algunos utilizados en la represión de presos políticos durante la dictadura franquista, pasarán a convertirse en viviendas protegidas y asequibles, beneficiando a 1.332 familias en ocho provincias de cinco comunidades autónomas: Madrid (Carabanchel), Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).
En total, estos activos públicos representan un valor superior a los 78 millones de euros y su transformación simboliza la resignificación de espacios históricos, convirtiendo lugares de privación de libertad en oportunidades para el acceso a la vivienda. Según fuentes del Ministerio, esta acción es un ejemplo de poner lo que es de todos al servicio del interés general, superando la especulación inmobiliaria y priorizando el bienestar de la ciudadanía.
La incorporación de estos inmuebles a Sepes se suma a otras iniciativas del Ministerio de Vivienda, como la adscripción de 17 inmuebles de Defensa o la integración de 40.000 casas y 2.400 suelos de la Sareb, con el objetivo de transformar antiguos activos financieros en recursos al servicio de las familias españolas.
Con esta medida, el Gobierno busca incrementar el parque público de vivienda y avanzar hacia los estándares europeos, donde el porcentaje de vivienda pública ronda el 8%, frente al 3,4% actual en España. Además, la operación tiene un impacto social y territorial, promoviendo la cohesión y asegurando que el patrimonio del Estado contribuya al derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.
Lo que antes fue un símbolo de reclusión y control, hoy se convierte en una oportunidad de esperanza, seguridad y hogar para cientos de familias, demostrando cómo la política pública puede transformar el pasado en futuro y responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
