- La reforma incorpora salud mental, riesgos psicosociales, climáticos y de género, adaptando la normativa a la digitalización, la conciliación y las nuevas formas de trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Anteproyecto de Ley que reforma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995), el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de Servicios de Prevención, adaptando la normativa a los desafíos del trabajo en el siglo XXI.
Entre las principales novedades, el texto incorpora por primera vez la salud mental y los riesgos psicosociales, así como la consideración de daños físicos, fisiológicos, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales derivados del trabajo. La ley atiende también la prevención ante catástrofes naturales y los efectos del cambio climático, y establece la obligación de evaluar todos los riesgos, incluidos los psicosociales y climáticos, y sus posibles interacciones.
Adaptación a la diversidad y nuevas formas de trabajo
La ley reconoce la diversidad de la plantilla, incorporando la perspectiva de género y edad, y obliga a las empresas a garantizar la protección frente a violencia y acoso sexual o por razón de sexo. La desconexión digital, la conciliación y los cambios organizativos son considerados factores relevantes en la evaluación de riesgos.
La vigilancia de la salud será específica y periódica, con pruebas y exámenes adaptados a cada puesto de trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, para realizar análisis epidemiológicos que permitan planificar medidas preventivas. Asimismo, se regula la formación presencial de los trabajadores, con actualización tras ausencias prolongadas por motivos de salud.
Seguridad, formación y servicios de prevención
Se redefinen las condiciones para los servicios de prevención propios y ajenos, clarificando sus requisitos de personal, especialidades y funciones de cooperación e interlocución. Además, se establecen agentes territoriales de prevención de ámbito autonómico para empresas pequeñas, designados por sindicatos y organizaciones empresariales, con formación adaptada al sector de actividad.
Obligaciones inmediatas
En el plazo de un año desde la entrada en vigor, el Gobierno aprobará un reglamento específico sobre riesgos psicosociales, que abordará la promoción de entornos saludables y la prevención de conductas suicidas. También se actualizarán los requisitos de acreditación de servicios de prevención, memorias de actividad y autorización para auditorías de seguridad laboral.
Con esta reforma, España refuerza la protección integral de las personas trabajadoras frente a los riesgos modernos, adaptando la legislación histórica a la realidad de la digitalización, el cambio climático y la diversidad laboral, garantizando un entorno más seguro, inclusivo y saludable en todos los sectores.
