- El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los territorios afectados por 211 episodios catastróficos registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026. La medida incluye numerosos incendios forestales en Castilla y León, entre ellos los de Ávila, León, Zamora y el incendio que motivó la declaración de emergencia de interés nacional.
El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para los territorios que han sufrido un total de 211 episodios catastróficos registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, la mayoría de ellos provocados por incendios forestales.
La medida afecta a comarcas de catorce comunidades autónomas e incluye también otros sucesos como inundaciones, lluvias torrenciales, fenómenos costeros, accidentes industriales y de transporte de mercancías peligrosas.
Incluidos los grandes incendios de Castilla y León
Entre los episodios contemplados figuran los incendios registrados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo, que el pasado 23 de julio motivaron la declaración de emergencia de interés nacional, una decisión inédita hasta ahora en incendios forestales. También se incorpora el incendio declarado recientemente en Vall d’Uixó (Castellón), cuyos trabajos de extinción continúan activos.
En el caso de Castilla y León, la declaración incluye numerosos incendios forestales registrados durante los últimos meses en las provincias de León, Ávila, Zamora, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, entre ellos los de Hermisende, Rábano de Aliste, Barcial del Barco y Casaseca de las Chanas, en la provincia de Zamora.
Ayudas para los afectados
La declaración permite que los damnificados puedan acceder a las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, destinadas a paliar:
- Daños personales.
- Daños en viviendas y enseres.
- Gastos asumidos por las corporaciones locales.
- Daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Prestaciones realizadas por personas físicas o jurídicas durante la emergencia.
Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de aprobar la exención de determinadas tasas de la Jefatura Central de Tráfico, como la expedición de duplicados de permisos de conducción o circulación, la baja de vehículos siniestrados y la expedición del Documento Nacional de Identidad.
Posibles medidas adicionales
La declaración abre además la puerta a que distintos ministerios impulsen nuevas medidas de apoyo dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.
Entre ellas figuran:
- Beneficios fiscales, como exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
- Bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social, así como otras medidas laborales.
- Ayudas a las entidades locales para la reparación de infraestructuras e instalaciones municipales.
- Declaración de emergencia para las obras de reparación de infraestructuras públicas.
- Tramitación urgente de contratos y de los procedimientos de expropiación necesarios para ejecutar dichas actuaciones.
Más de dos centenares de emergencias
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros engloba un amplio conjunto de emergencias producidas durante casi cuatro meses, en las que predominan los incendios forestales, aunque también incorpora episodios de lluvias intensas, fenómenos costeros, accidentes en instalaciones industriales y otros sucesos que obligaron a activar los correspondientes planes de protección civil en distintas comunidades autónomas.
