- El Gobierno aprueba un Real Decreto que permitirá solicitar autorización de residencia y trabajo durante un año a personas en situación irregular y solicitantes de asilo. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio y prioriza la tramitación telemática desde el primer día.
El Gobierno ha dado luz verde a un proceso extraordinario de regularización administrativa que permitirá a miles de personas migrantes acceder a una autorización legal de residencia y trabajo en España. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, entrará en vigor el próximo jueves 16 de abril tras su publicación previa en el Boletín Oficial del Estado el día 15.
Desde esa misma jornada quedará abierto el plazo de solicitudes, que podrá realizarse de forma telemática desde el primer momento. Asimismo, se habilitará el sistema de cita previa para quienes opten por la vía presencial, aunque la atención en oficinas no comenzará hasta el lunes 20 de abril.
La autorización concedida tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Posteriormente, los beneficiarios deberán integrarse en las vías ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería, favoreciendo así su inclusión progresiva en el sistema.
Requisitos y perfil de los beneficiarios
El proceso está dirigido tanto a personas en situación administrativa irregular como a solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026. Además, deberán acreditar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses previos a la solicitud.
Entre los requisitos imprescindibles figuran carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
En el caso de las personas en situación irregular, deberán demostrar además alguna de estas circunstancias: haber trabajado con contrato, contar con vínculos familiares directos en España o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales o entidades autorizadas.
Procedimiento y plazos
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio. La vía telemática, disponible las 24 horas del día, requerirá disponer de certificado electrónico. Por su parte, la tramitación presencial exigirá cita previa, que podrá solicitarse a través del sistema Cl@ve, un formulario web o mediante el teléfono 060.
Los interesados podrán acudir a oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social, de la Tesorería o a oficinas de Correos habilitadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes.
Además, la mera comunicación del inicio del procedimiento permitirá trabajar de forma inmediata en España, asignándose un número de la Seguridad Social al solicitante. Una vez concedida la autorización definitiva, el beneficiario deberá tramitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Protección especial y apoyo institucional
El decreto contempla medidas específicas para menores de edad, que podrán obtener una autorización de residencia de hasta cinco años. Asimismo, se permitirá tramitar conjuntamente las solicitudes de miembros de una misma unidad familiar.
El proceso contará con el apoyo de profesionales del ámbito jurídico y entidades sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX), que ofrecerán asesoramiento gratuito. También se reforzará la coordinación con el ámbito legal mediante sesiones técnicas en colaboración con el Consejo General de la Abogacía.
Un paso hacia la integración
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el alcance de la medida: “Hoy es un gran día. Hoy España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos”.
Saiz ha subrayado que el procedimiento será “ágil, eficaz y sin trabas”, y ha asegurado que está diseñado para dar respuesta a todas las personas que cumplan los requisitos.
Este proceso constituye el primer paso del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que el Ejecutivo busca reforzar un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la cohesión social y la contribución al desarrollo económico del país.
