- El Gobierno rechaza la creación de centros de retorno en terceros países y refuerza las garantías para solicitantes de protección internacional
España comenzará a aplicar desde este viernes 12 de junio el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), una reforma impulsada por la Unión Europea para establecer un marco común de gestión migratoria y de protección internacional en todos los Estados miembros.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que la aplicación del nuevo pacto en territorio español se realizará con un enfoque “garantista y respetuoso” con los derechos de las personas migrantes y de quienes soliciten protección internacional.
La posición española será trasladada por la delegación que participa esta semana en la Conferencia Ministerial organizada en Nicosia por la presidencia chipriota de la Unión Europea con motivo de la entrada en vigor del nuevo marco normativo.
España rechaza los centros de retorno en terceros países
Uno de los aspectos más destacados de la posición española es el rechazo a la creación de centros de retorno para migrantes en países terceros, una posibilidad contemplada en el nuevo Reglamento europeo de retorno, aún pendiente de aprobación definitiva.
El Gobierno considera que este modelo plantea importantes dudas jurídicas y de proporcionalidad y ha descartado expresamente su utilización dentro de la política migratoria española.
Según recordó Grande-Marlaska, España ya trasladó esta postura a sus socios europeos durante el Consejo de Ministros de Interior celebrado recientemente en Luxemburgo, donde manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que estos centros podrían tener para los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Dos años de preparación
La entrada en funcionamiento del pacto culmina un proceso iniciado tras el acuerdo político alcanzado en diciembre de 2023 durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Posteriormente, el Parlamento Europeo aprobó el paquete legislativo en abril de 2024 y el Consejo de la UE lo adoptó formalmente un mes después.
El nuevo marco normativo está integrado por nueve reglamentos y una directiva que regulan aspectos relacionados con la gestión migratoria, el asilo, los procedimientos fronterizos, los retornos y los mecanismos de solidaridad entre Estados miembros.
La Comisión Europea ha reconocido recientemente el trabajo realizado por España para adaptarse a las nuevas exigencias, situándola entre los países que han cumplido satisfactoriamente los principales hitos de preparación.
Nuevo sistema de control y registro de llegadas
Entre las principales novedades figura la implantación de un procedimiento común europeo de triaje para las personas que accedan de forma irregular al territorio comunitario.
Este sistema permitirá registrar datos personales, detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y derivar a cada persona hacia el procedimiento administrativo correspondiente de manera más rápida y coordinada.
Durante el desarrollo de este proceso, los nacionales de terceros países no recibirán autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades competentes.
España ya aplicaba mecanismos similares que ahora serán adaptados a los requisitos europeos mediante nuevos formularios, sistemas de evaluación y procedimientos de seguimiento.
Además, el Defensor del Pueblo asumirá funciones de supervisión independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales durante estos procedimientos.
Más garantías para los solicitantes de asilo
El nuevo pacto también introduce medidas destinadas a reforzar la protección de las personas solicitantes de asilo.
Entre ellas destaca una evaluación individualizada desde las primeras fases del procedimiento para detectar situaciones de vulnerabilidad y adaptar tanto la tramitación como las condiciones de acogida a las necesidades específicas de cada persona.
España mantendrá garantías ya recogidas en su legislación nacional, como la asistencia jurídica obligatoria, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de solicitar la revisión de determinadas resoluciones.
Los procedimientos de protección internacional en frontera contarán con un plazo máximo de doce semanas para su resolución y eventual revisión judicial.
Cambios en las autorizaciones humanitarias
La entrada en vigor del PEMA también supondrá cambios en determinados mecanismos de protección existentes hasta ahora.
Entre ellos destaca el fin del reconocimiento y renovación de autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias vinculadas a la protección internacional, como las concedidas durante los últimos años a ciudadanos venezolanos.
El Ministerio del Interior ha explicado que esta modificación responde a la adaptación del sistema español a la nueva normativa europea.
Solidaridad entre países de la Unión Europea
Otra de las novedades relevantes es la creación de un mecanismo anual de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros.
España ha sido identificada como uno de los países sometidos a mayor presión migratoria y podrá beneficiarse de este sistema de cooperación europea, que busca repartir responsabilidades y recursos entre los distintos socios comunitarios.
La primera reunión técnica para concretar la aplicación de este mecanismo tendrá lugar el próximo 15 de junio en Bruselas.
Más recursos y nuevos sistemas tecnológicos
La aplicación del pacto ha requerido además reforzar los recursos humanos y tecnológicos de los organismos implicados en la gestión migratoria.
Uno de los cambios más importantes será la puesta en marcha del nuevo sistema Eurodac, la base de datos europea de identificación biométrica, que ampliará su alcance para incluir a todas las personas que accedan irregularmente a territorio europeo.
Para ello se están desarrollando nuevas herramientas informáticas y sistemas de intercambio de información que permitirán mejorar la coordinación entre los servicios de extranjería, protección internacional y acogida.
Con la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, España inicia una nueva etapa en la gestión migratoria, marcada por la armonización de procedimientos a nivel comunitario y por el compromiso, según el Gobierno, de mantener la protección de los derechos fundamentales como eje principal de su actuación.
