- Cinco familias de jóvenes asesinados por menores registraron en el Congreso firmas recogidas en Change.org, reclamando aumentar las penas y endurecer la supervisión en delitos graves bajo la LORPM.
A mediodía de este jueves, cinco familias de víctimas de asesinatos cometidos por menores acudieron al Congreso de los Diputados para registrar más de 130.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, en una iniciativa que busca impulsar la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM).
Cargando cajas que simbolizaban el peso de todos los apoyos ciudadanos, los familiares reclamaron a los partidos políticos actualizar una norma que consideran obsoleta e insuficiente, especialmente en casos de delitos de extrema gravedad, como asesinatos o agresiones sexuales, donde las penas actuales suelen limitarse al internamiento en régimen cerrado, con períodos máximos de entre cinco y ocho años según la edad del infractor.
Historias que ilustran la demanda
Entre las familias participantes se encontraban:
- Fundación Leticia Rosino (Castrogonzalo, Zamora): la madre de Leticia denunció que el menor responsable quedará en libertad el próximo 3 de mayo tras ocho años de internamiento.
- Alejandro Ortega Romero (Córdoba): asesinado en el recinto ferial de El Arenal.
- Jesús Rosado Jiménez (Palomares del Río, Sevilla): menor asesinado la noche de Halloween; el responsable recibió nueve años de internamiento y cinco de libertad vigilada.
- Francisco José Márquez (Isla Mayor, Sevilla): hijo asesinado en la madrugada; condenado menor tenía 17 años, recibió seis años de internamiento y tres de libertad vigilada.
- Juan Guerrero (Tárrega, Barcelona): asesinado con dos puñaladas al corazón por un menor de 17 años; su madre destacó que el crimen mostró madurez y deliberación por parte del agresor.
Estas familias coinciden en que la normativa vigente no responde adecuadamente a la gravedad de ciertos delitos, donde los menores actuaron con alta consciencia y determinación. Según señalan, es “intolerable” que los asesinos puedan recuperar la libertad incluso en la primera etapa de cumplimiento de la condena, mientras que las víctimas y sus familias enfrentan un dolor irreparable.
Propuestas de reforma
Entre las principales medidas que reclaman destacan:
- Ampliar los tiempos máximos de internamiento en delitos especialmente graves.
- Reforzar la supervisión y seguimiento tras la finalización de las medidas.
- Evaluar rigurosamente el riesgo antes de cualquier salida o flexibilización del régimen.
- Diferenciar los delitos de extrema gravedad del resto, evitando tratamientos homogéneos.
- Garantizar que las víctimas y sus familias sean escuchadas en los procesos de revisión de medidas.
- Revisar el régimen de antecedentes, priorizando siempre la protección de las víctimas y la sociedad.
Llamado a las instituciones
Las familias solicitan a instituciones locales y regionales:
- Apoyar públicamente a las víctimas y a entidades como la Fundación Leticia Rosino, que trabajan por la memoria y la prevención.
- Trasladar la preocupación a la Junta de Castilla y León, al Gobierno y a las Cortes para impulsar un debate institucional sobre la LORPM.
- Reforzar programas de apoyo psicológico, social y jurídico dirigidos a familias afectadas por delitos de extrema gravedad.
- Facilitar asesoramiento especializado sobre derechos de las víctimas y procedimientos legales a través de servicios sociales y el Programa de Apoyo a Familias (PAF).
Las cinco familias subrayan que la revisión de la Ley del Menor es urgente y necesaria para garantizar justicia en delitos graves y proteger a las víctimas, construyendo un sistema que combine reeducación con responsabilidad y seguridad social.
