- La Fundación Leticia Rosino pide que se revisen los plazos y medidas de internamiento para delitos graves cometidos por menores tras el inminente fin de la pena del asesino de Leticia, destacando la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la justicia proporcional.
Ocho años después del trágico asesinato de Leticia Rosino en Castrogonzalo (Zamora), su familia se enfrenta a un nuevo capítulo marcado por la salida de prisión del condenado, que perpetró el crimen hace ocho años siendo menor de edad. El próximo 3 de mayo, el joven, que entonces tenía 16 años, comenzará a cumplir una medida de cinco años de libertad vigilada, bajo estrictas condiciones fijadas por el Juzgado de Menores de Zamora: deberá facilitar un domicilio, comunicar cualquier cambio de residencia o actividad laboral y someterse a un programa de educación sexual, además de no poder acercarse a Tábara ni a Castrogonzalo.
Desde la Fundación Leticia Rosino, creada para visibilizar la memoria de la víctima y trabajar en la prevención de la violencia juvenil, siguen reclamando una revisión de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM). La familia argumenta que los límites actuales —que permiten penas de internamiento máximo de ocho años para menores de 16 a 17 años— no son proporcionales en casos de delitos especialmente graves, como asesinatos o agresiones sexuales, y consideran que la normativa actual no protege adecuadamente a las víctimas ni a la sociedad.
El abogado de la familia subraya que, si bien las medidas de vigilancia y educación impuestas son necesarias, la libertad vigilada no sustituye el impacto irreparable del delito, y que es fundamental establecer mecanismos legales que permitan diferenciar claramente los delitos de extrema gravedad, del resto y que los condenados enfrenten sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado.
La Fundación Leticia Rosino también reclama que se refuerce la supervisión posterior a la salida, con evaluación del riesgo antes de cualquier flexibilización del régimen, y que se garantice que las víctimas y sus familias sean escuchadas en los procesos de revisión de medidas. “No podemos tolerar que, mientras la ley del adulto contempla penas elevadas, la ley del menor permita regímenes que podrían dejar en libertad a quienes cometieron delitos de extrema gravedad”, explican desde la entidad.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia y proporcionalidad de la Ley del Menor en España, y la Fundación Leticia Rosino se compromete a seguir impulsando un debate institucional serio que permita mejorar la legislación y reforzar la protección de las víctimas de delitos graves cometidos por menores.
Con la salida del condenado, la provincia de Zamora se prepara para un seguimiento estricto de la medida judicial, mientras la familia y la Fundación mantienen su labor de concienciación y defensa de los derechos de las víctimas.
