- El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destaca la importancia de promover una cultura de la privacidad que fomente la confianza en la administración electrónica.
En el marco de su compromiso con una administración transparente y responsable, todos los departamentos y organismos vinculados con la Junta de Castilla y León manejan datos personales con el objetivo de cumplir sus funciones sin comprometer los derechos de las personas. Para ello, la Administración autonómica aplica una política de protección de datos alineada con el derecho fundamental a una buena administración.
La atención al ciudadano, tanto a través de la administración electrónica como en las oficinas físicas de la Junta de Castilla y León, refleja esta filosofía. Los datos personales, siempre tratados con la máxima prudencia y conforme a la normativa vigente, se gestionan de manera que se garantice el principio de transparencia y se respete el derecho a la privacidad, tal y como estipula la legislación básica estatal.
González Gago ha presidido hoy una reunión del Grupo de Delegados de Protección de Datos de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de coordinar las actuaciones a abordar en los próximos meses para garantizar la aplicación de la normativa en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Como ha señalado el consejero de la Presidencia, hay que tener en cuenta que la Administración autonómica recopila y maneja una gran cantidad de datos personales, tanto de los ciudadanos como de los propios empleados públicos: “Todos tenemos datos médicos o datos educativos personalísimos, pero también existen otros datos personales como el DNI, los domicilios, el correo electrónico o las cuentas bancarias, que constan en expedientes tan habituales como la concesión de ayudas, la gestión de tributos o el pago de nóminas”.
Los delegados de Protección de Datos, que desarrollan su trabajo en el seno de cada una de las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, se encargan de velar por la seguridad de estos datos en todas las fases de los procesos administrativos. Garantizan, por tanto, que los datos personales de los ciudadanos se traten de manera responsable, transparente y segura.
Entre las funciones de los delegados de Protección de Datos, además, se encuentra la de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y resolver todas aquellas cuestiones que puedan plantearles en relación con el tratamiento de sus datos personales. Por último, también informan y asesoran a los centros directivos y al resto de empleados públicos acerca de sus obligaciones en esta materia.
Luis Miguel González Gago ha subrayado que “resulta esencial que los ciudadanos puedan consultar fácilmente información clara y exhaustiva sobre sus derechos en materia de protección de datos, y, por ello, la Junta de Castilla y León proporciona el acceso a esta información desde el inicio de cada trámite”.
Por este motivo, a través del Punto Único de Información sobre Protección de Datos, disponible en la web de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia facilita un canal centralizado para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos. Entre estos derechos está el acceso a la información sobre el uso de los datos personales, su rectificación en caso de errores, y la eliminación de los mismos cuando ya no sean necesarios. En la reunión mantenida hoy, se ha acordado seguir reforzando este Punto Único para que resulte más accesible y útil para los ciudadanos.
La protección de los datos personales es una prioridad de la Junta de Castilla y León, a la que cada año se le presta una mayor atención. Por este motivo, el Plan General de Inspección de Servicios para el año 2025 recoge la elaboración, a lo largo de este año, de un informe sobre el análisis del tratamiento de los datos de carácter personal, y una evaluación del grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.
Para seguir avanzando en este conocimiento, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, dependiente de la Consejería de la Presidencia, convocará este año cuatro cursos sobre Protección de Datos dirigidos a los empleados públicos de la Junta, con un total de 125 plazas y casi 80 horas de formación.
