- El Gobierno remite a las Cortes el XVIII Informe del Observatorio Estatal, que refleja el aumento de ayudas, el peso mayoritario de mujeres en delitos sexuales y el descenso de víctimas mortales.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer, correspondiente a 2024, elaborado por el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El informe refleja que entre 2006 y 2024 se concedieron 14.458 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, en el marco de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Solo en 2024 se registró el mayor número de la serie histórica, con 1.697 ayudas concedidas.
Empleo y protección social
En el ámbito laboral, desde 2003 se formalizaron 13.979 contratos bonificados dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, de los cuales 405 corresponden a 2024.
Además, se contabilizan 4.998 contratos de sustitución para trabajadoras víctimas de violencia en ese mismo periodo, con 277 en el último año.
Violencia sexual y víctimas
El informe destaca que el 85,7% de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2024 correspondieron a mujeres. Dentro de estos delitos, la agresión sexual fue el más frecuente, representando el 62,7% de los casos.
En cuanto a la violencia de género, se registraron 49 víctimas mortales en 2024, frente a las 58 del año anterior, lo que supone la cifra más baja de la serie histórica hasta la fecha.
Datos penitenciarios y medidas judiciales
A 31 de diciembre de 2024, un total de 7.777 personas cumplían condena en centros penitenciarios por delitos de violencia en la pareja o expareja (sin incluir Cataluña).
Asimismo, durante ese año se emitieron 40.685 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión, lo que refleja el volumen de actuaciones judiciales en este ámbito.
Compromiso institucional
Con la remisión de este informe, el Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y la mejora de las políticas públicas en la lucha contra las violencias machistas, poniendo a disposición de las instituciones datos clave para reforzar la prevención, la protección de las víctimas y la respuesta judicial.
El documento ofrece una radiografía detallada de la evolución de la violencia de género en España y subraya la necesidad de seguir avanzando en medidas integrales de protección y sensibilización social.
