- La indignación no cesa en Olleros de Tera tras los sucesos ocurridos el pasado 1 de septiembre, cuando Álvaro, hostelero de la localidad, fue detenido y enviado a prisión provisional en Topas (Salamanca) tras un enfrentamiento con un presunto ladrón en su bar. El atracador, que resultó herido con arma blanca en el cuello y el abdomen, permanece ingresado en la UCI de un hospital de León.
Lo que para muchos vecinos fue un acto de legítima defensa frente a un ataque directo, la ley lo ha entendido como un proceso judicial contra un ciudadano que, según recalcan los vecinos de Olleros, “únicamente intentó proteger su vida, su negocio y a su padre mayor y dependiente”.
Un delincuente reincidente frente a un vecino ejemplar
El presunto ladrón, que lleva apenas dos meses y medio en la zona, no es vecino de Olleros de Tera y ya había provocado alarma con robos en casas y huertos, tal como relatan los habitantes. Para los vecinos, la situación refleja una realidad que consideran incomprensible: “el sistema ampara más al delincuente que a la víctima”.
Álvaro, en cambio, es descrito como un hostelero trabajador, entregado a su pueblo y sostén de su familia. “Él no es un criminal, es un vecino que defendió lo suyo”, insisten.
Concentraciones masivas en su defensa
El miércoles pasado, más de 300 personas se manifestaron en Olleros de Tera con pancartas en las que se leían mensajes como: “No estamos todos, falta Álvaro”, “Te queremos en la barra, no entre barras” o “El primer delito fue robar”.
La movilización se repitió este sábado, congregando a más de 400 vecinos en la plaza del municipio bajo el lema “Libertad y justicia real para Álvaro”. La protesta fue un grito unánime contra lo que consideran una situación injusta: que un ciudadano tenga que pagar con cárcel el haber defendido su integridad y la de los suyos.
Vecinos y allegados denuncian que el sistema judicial “entorpece la legítima defensa” y castiga al que intenta resistir ante un ataque.
Un pueblo unido
Olleros de Tera no se resigna. Sus habitantes seguirán organizando concentraciones y reclamando la libertad del hostelero, convencidos de que Álvaro es inocente y que actuó como cualquiera lo habría hecho en su lugar.
La exigencia es clara: que se reconozca la legítima defensa y que la justicia se ponga del lado de los ciudadanos que protegen lo suyo frente a quienes atentan contra la seguridad de los pueblos.
