- El pulso judicial por la supresión de servicios del AVE en la estación de Otero de Sanabria acaba de dar un giro decisivo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora ha emitido un auto, fechado el 10 de junio, en el que acuerda incoar diligencias previas al apreciar indicios de un posible delito —aun sin especificar— y traslada el caso a la Fiscalía para su investigación.
La denuncia, interpuesta por Unión del Pueblo Leonés (UPL) junto a los colectivos Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA (Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora), había sido inicialmente desestimada en su vertiente cautelar el pasado 12 de julio de 2025. Sin embargo, este nuevo auto supone un importante avance legal, ya que por primera vez la Justicia admite que podrían existir responsabilidades penales en la eliminación de estas paradas ferroviarias.
“Es una victoria moral y jurídica para los ciudadanos de Sanabria”, han declarado los portavoces de las organizaciones, que valoran positivamente que la causa haya pasado a manos del Ministerio Fiscal. “Lo que denunciamos no era una simple mala gestión, sino un posible delito que afecta a derechos fundamentales”.
Una decisión con consecuencias sociales
La supresión de las paradas del AVE con salida desde Otero de Sanabria a las 8:46 y 9:35 h, y la llegada de las 8:15 h, ha supuesto un duro golpe para los vecinos de la comarca, especialmente sanitarios, docentes y pacientes que dependían de esos horarios para trabajar o acudir a consultas médicas en Zamora y otras ciudades.
Las organizaciones denuncian que Renfe eliminó estos servicios sin una Declaración formal de Interés Público, como exige la normativa vigente, y que además lo hizo pese a que esta línea ha sido declarada Obligación de Servicio Público (OSP) desde diciembre de 2022, lo que implica una garantía de funcionamiento, accesibilidad y tarifas asequibles, aun en caso de baja rentabilidad.
¿Posible delito de abandono de servicio público?
Aunque el auto no especifica aún el tipo penal, los denunciantes ya apuntaban en su demanda al artículo 409 del Código Penal, que contempla el abandono colectivo e injustificado de un servicio público esencial. La decisión judicial de iniciar diligencias preliminares abre la puerta a que la Fiscalía analice esta posibilidad.
Al mismo tiempo, los colectivos han advertido que Renfe sigue recibiendo fondos públicos por un servicio OSP que ya no estaría prestando en su totalidad, lo que podría derivar en otras responsabilidades económicas o administrativas.
Una comarca que no se resigna
Desde la UPL y los colectivos implicados insisten en que el objetivo final es claro: la restitución inmediata de los servicios ferroviarios eliminados, por su importancia vital en una comarca ya castigada por la despoblación y el deterioro de servicios públicos. Consideran que esta batalla judicial no solo afecta a Otero de Sanabria, sino que sienta un precedente sobre cómo se deben proteger los derechos de las zonas rurales frente a decisiones unilaterales de grandes operadores.
El paso dado por el juzgado supone un rayo de esperanza para Sanabria, que ahora espera que la Fiscalía investigue a fondo y actúe con determinación para proteger un servicio esencial y denunciar cualquier posible irregularidad cometida en su supresión.
