- El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley dotado con 20 millones de euros para agilizar el apoyo económico a las víctimas y sus familias, con ayudas compatibles con los seguros, exentas de tributación y abonadas en un único pago.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, con el objetivo de acelerar la llegada de ayudas económicas y evitar que las personas afectadas tengan que afrontar largos plazos administrativos en un momento de especial vulnerabilidad.
El paquete de medidas, dotado con 20 millones de euros, ha sido presentado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha subrayado que la iniciativa busca garantizar que “ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional”.
Ayudas inmediatas y anticipos del seguro
El Real Decreto-ley establece un sistema de ayudas inmediatas, que se abonarán en un único pago, y que servirán también como anticipo de las indemnizaciones de los seguros de responsabilidad civil. Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones obligatorias y estarán exentas de tributación, por lo que se percibirán íntegramente.
Del total movilizado, 10 millones de euros se destinan a ayudas urgentes y otros 10 millones a anticipos de las indemnizaciones, con cuantías fijadas en función de la gravedad de los daños personales sufridos.
En los casos de fallecimiento, se contempla una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida, a la que se suma la misma cantidad en concepto de anticipo del seguro.
Para los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que oscilan desde algo más de 2.400 euros en los casos más leves hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad, aplicándose igualmente estas cuantías como anticipo de las indemnizaciones.
Evitar la angustia económica tras la tragedia
Durante su comparecencia, el ministro ha señalado que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido un accidente de estas características. “Las víctimas no pueden esperar años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o la reorganización completa de su vida cotidiana”, ha afirmado Puente.
En este sentido, ha insistido en que la incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional, y que el Estado debe actuar con rapidez y sensibilidad en los momentos inmediatamente posteriores al accidente.
Hacia un mecanismo estructural de anticipos
Más allá de la respuesta urgente, el ministro ha anunciado el inicio de modificaciones normativas para implantar de forma estable este tipo de mecanismos en el ordenamiento jurídico español. El objetivo es que, en el futuro, el Estado pueda asumir con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones por daños personales derivados de accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de responsabilidades civiles.
Compromiso con la transparencia y la seguridad
Óscar Puente ha reiterado además el compromiso del Gobierno con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, asegurando que se seguirán ofreciendo explicaciones siempre que sea necesario. “La transparencia es una forma de respeto a las víctimas y a sus familias”, ha señalado, añadiendo que se continuará trabajando para reforzar la seguridad ferroviaria y garantizar una atención integral a los afectados.
