- La nueva figura tendrá carácter permanente y coordinará la asistencia a las víctimas y sus familias, incluso después de finalizar los dispositivos de emergencia. Las asociaciones participarán en su funcionamiento y en la elaboración de una reforma normativa que deberá presentarse en tres meses desde su nombramiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 10 de noviembre, la creación del Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una nueva figura institucional destinada a garantizar la atención y el acompañamiento de las personas afectadas por accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y de autobús.
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responde a la necesidad de mantener una atención continuada a las víctimas y sus familiares, más allá de las primeras horas o días posteriores a una tragedia.
El nuevo organismo tendrá carácter estable y permanente y actuará como interlocutor de referencia ante las administraciones y entidades implicadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, las ayudas y los servicios de apoyo psicológico, social y jurídico.
Atención a las víctimas cuando termina la emergencia
Uno de los principales objetivos de esta figura será evitar que las personas afectadas queden sin un referente institucional una vez que se desactivan los dispositivos de emergencia.
El Defensor coordinará el seguimiento de las necesidades de las víctimas a medio y largo plazo, incluyendo los procedimientos administrativos, las reclamaciones y el acceso a los recursos de asistencia disponibles.
También proporcionará orientación sobre los derechos de las personas afectadas, las indemnizaciones, la asistencia jurídica gratuita y las posibles ayudas económicas.
La norma amplía, además, el concepto de víctima. No se limitará a las personas fallecidas, desaparecidas o heridas, sino que incluirá a quienes sufran daños psicológicos, así como a familiares, allegados y personas dependientes que resulten directamente afectados por el accidente.
Capacidad para solicitar información y exigir respuestas
El Defensor tendrá rango de subsecretario dentro del Ministerio de Transportes, aunque contará con una estructura diferenciada.
Este rango institucional le permitirá solicitar información a los organismos implicados, reclamar respuestas y supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la atención a las víctimas.
Para desarrollar sus funciones contará con una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas.
También dispondrá de un Gabinete Técnico encargado de prestarle asesoramiento directo.
El nombramiento del Defensor o Defensora corresponderá al Consejo de Ministros, mediante real decreto y a propuesta del titular del Ministerio de Transportes.
Las asociaciones de víctimas participarán de forma permanente
La nueva regulación incorpora la participación activa de las asociaciones de víctimas, que tendrán una función consultiva permanente a través de un grupo de trabajo.
Estas organizaciones podrán intervenir en las actuaciones relacionadas con la atención, el seguimiento y la mejora de los procedimientos establecidos tras los accidentes.
Además, el Defensor deberá presentar, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, una propuesta de reforma del marco normativo de atención a las víctimas, elaborada con la participación de las asociaciones.
El documento abordará la organización institucional de la asistencia, la colaboración entre administraciones y las posibles modificaciones legales necesarias para mejorar la protección de las personas afectadas.
El Ministerio pretende incorporar a este trabajo las experiencias y necesidades detectadas en accidentes recientes y anteriores de los diferentes medios de transporte.
Actuará en accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y de autobús
El ámbito de actuación de esta nueva figura comprenderá los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal.
Esto incluye el ferrocarril, la aviación comercial, el transporte marítimo de pasajeros y los servicios de autobús correspondientes.
Su intervención podrá extenderse a transportes de competencia autonómica o local mediante acuerdos de colaboración con las administraciones responsables.
El Defensor también cooperará con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia y sin interferir en las actuaciones judiciales.
Informes sobre la atención prestada y buenas prácticas informativas
Entre las funciones previstas figura la elaboración de informes sobre la atención ofrecida tras cada accidente y las reclamaciones recibidas.
También se contempla la preparación, junto con asociaciones de medios de comunicación, de un código de buenas prácticas para favorecer un tratamiento informativo respetuoso con las víctimas y sus familiares.
La nueva figura no sustituirá a los organismos de investigación, a los tribunales ni a las administraciones que ya tienen competencias en materia sanitaria, social o de transporte.
Su función será coordinar las actuaciones y facilitar que las personas afectadas dispongan de información y acompañamiento durante todo el proceso posterior al accidente.
Con la aprobación de este real decreto, el Gobierno establece un mecanismo permanente de atención a las víctimas de accidentes de transporte colectivo, con participación de sus asociaciones y capacidad de seguimiento de las actuaciones administrativas.
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Nota de prensa del 10 de noviembre de 2026.
