- La procuradora socialista por Zamora, Patricia Martín, reclama a la Junta ayudas directas para pequeñas empresas, un refuerzo del bono social y más recursos para el campo ante el encarecimiento de los carburantes y la electricidad.
El PSOE de Castilla y León ha reclamado a la Junta que amplíe las medidas de protección social y económica destinadas a las familias, los trabajadores autónomos, las pequeñas empresas y el sector agrario para hacer frente al incremento de los precios de los carburantes y la electricidad.
La iniciativa, defendida en las Cortes autonómicas por la procuradora socialista por Zamora, Patricia Martín, se presentó mediante una Proposición No de Ley (PNL) que finalmente fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, según ha informado el PSOE.
La propuesta planteaba complementar con recursos autonómicos las medidas ya anunciadas y establecer nuevas ayudas para los sectores más afectados por el encarecimiento de los costes energéticos.
«Cuando los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo, es lógico que el Gobierno también tiene que hacer un esfuerzo extraordinario», afirmó Patricia Martín durante su intervención.
El PSOE considera insuficientes los 348 millones anunciados por la Junta
La procuradora socialista reconoció los 348 millones de euros anunciados por el Gobierno autonómico, aunque defendió que esta cantidad resulta insuficiente para afrontar las consecuencias económicas del incremento de los precios de la energía y los carburantes.
Martín puso especial atención en las dificultades que afrontan las familias de Castilla y León, particularmente las que residen en municipios rurales y necesitan utilizar diariamente su vehículo para trabajar, acudir a servicios básicos o realizar desplazamientos.
En provincias como Zamora, caracterizadas por la dispersión de la población y las distancias entre localidades, el coste del transporte supone un gasto importante para numerosos hogares.
«Castilla y León no puede resignarse a que una crisis internacional termine pagándola siempre el mismo, el de a pie, el que lo necesita», manifestó.
Ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas
Uno de los principales puntos de la iniciativa socialista contemplaba la puesta en marcha de ayudas directas y finalistas para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos afectados por el incremento de sus gastos energéticos.
Patricia Martín recordó que Castilla y León perdió, según los datos que expuso durante el debate, más de 1.348 trabajadores autónomos durante el ejercicio anterior.
La procuradora advirtió de que el encarecimiento de los costes puede comprometer la continuidad de numerosos pequeños negocios, especialmente aquellos que cuentan con márgenes económicos reducidos.
«Estamos hablando aquí del bar, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de la panadería, del pequeño taller, del transportista», explicó.
Martín destacó que muchos de estos establecimientos están gestionados por personas que asumen simultáneamente las funciones de propietarios y trabajadores.
Desde el PSOE consideran que las administraciones deben actuar para evitar que el aumento de los gastos de funcionamiento provoque nuevos cierres de negocios.
Más recursos para el bono social y la calefacción de las personas mayores
La propuesta también contemplaba incrementar con fondos propios de la Junta las ayudas destinadas al bono social, complementando los recursos establecidos por el Gobierno central.
Patricia Martín vinculó esta medida con las dificultades que afrontan las personas mayores que viven solas en pequeños municipios, especialmente durante los meses de invierno.
La procuradora recordó que en Castilla y León las bajas temperaturas obligan a mantener la calefacción durante largos periodos, lo que puede representar un gasto difícil de asumir para las personas con pensiones reducidas.
«Para una persona mayor que vive sola en un municipio pequeño, la calefacción no es confort, es salud y es dignidad», defendió.
La iniciativa socialista también reclamaba que las medidas de gratuidad del transporte público estuvieran acompañadas de frecuencias suficientes, conexiones adecuadas y servicios adaptados a las necesidades reales de la población.
El PSOE pide que la Junta iguale los 150 millones destinados al campo
El sector agrícola y ganadero ocupó otro de los apartados destacados de la intervención.
La procuradora socialista defendió la necesidad de aprobar medidas extraordinarias para compensar el incremento de los costes de producción, especialmente los relacionados con el combustible y la energía.
Martín planteó que, si el Gobierno de España destina 150 millones de euros al sector, la Junta de Castilla y León debería igualar esa cantidad mediante recursos propios.
«El campo de Castilla y León no necesita declaraciones de amor, necesita que cuando vienen dificultades extraordinarias su Gobierno esté a su lado con recursos extraordinarios», afirmó.
La propuesta pretendía reforzar el apoyo económico a agricultores y ganaderos en un contexto de aumento de los gastos necesarios para mantener sus explotaciones.
Una propuesta rechazada por PP y Vox
Durante su segundo turno de intervención, Patricia Martín insistió en que la PNL buscaba ofrecer respuestas concretas a los problemas económicos de las familias y de quienes desarrollan una actividad profesional por cuenta propia.
«¿Qué hacemos cuando un autónomo ve cómo sus costes amenazan años y años de trabajo? ¿Qué vamos a hacer cuando una familia no puede utilizar su coche porque no tiene dinero en el bolsillo para echar gasolina?», preguntó desde la tribuna.
La procuradora defendió que su iniciativa no consistía en medidas aisladas, sino en una propuesta conjunta de apoyo económico y social.
Sin embargo, los votos contrarios de PP y Vox impidieron la aprobación de la Proposición No de Ley. La información facilitada por el PSOE no recoge los argumentos expuestos por ambas formaciones para justificar su rechazo.
Martín concluyó reclamando una mayor implicación de la Administración autonómica ante las dificultades económicas de los ciudadanos.
«La Junta de Castilla y León no puede ser una mera espectadora de los problemas que tienen los castellanos y leoneses. Tiene que ser parte de la solución», afirmó.
La iniciativa socialista deja sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reforzar las ayudas públicas en una comunidad donde el envejecimiento, la dispersión territorial y la importancia del sector agrario hacen especialmente relevantes los costes del transporte y la energía.
