- Los leonesistas llevan el asunto a las Cortes y aseguran que en 2025 solo se ejecutaron 87.022 de los 524.143 euros previstos para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social. También cuestionan que la Junta presentara inicialmente un protocolo con la Diputación sin dotación presupuestaria
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para pedir explicaciones a la Junta sobre su política de vivienda en la provincia de Zamora. La formación regionalista pone el foco tanto en la ejecución de los fondos destinados a rehabilitar viviendas para alquiler social como en el protocolo firmado con la Diputación Provincial para impulsar el alquiler asequible.
El procurador de UPL y portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos Reyero, acusa al Ejecutivo autonómico de convertir los anuncios sobre vivienda en una «política de escaparate» y reclama conocer cómo piensa incrementar la oferta disponible cuando, según los datos aportados por la formación, una parte importante de las cantidades presupuestadas no llega finalmente a ejecutarse.
UPL cifra la ejecución en apenas un 17%
La principal crítica de los leonesistas se apoya en los datos recogidos, según indican, en el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026.
UPL señala que durante 2025 se ejecutaron en la provincia de Zamora 87.022 euros de los 524.143 euros previstos para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social dentro del Fondo de Cohesión Territorial.
Esto supondría una ejecución aproximada del 17% de la cantidad inicialmente contemplada, quedando sin ejecutar más de 437.000 euros, según los cálculos expuestos por la formación.
Para Santos Reyero, estas cifras ponen en cuestión la efectividad de las políticas anunciadas por la Administración autonómica.
«La Junta primero promete, después ejecuta una mínima parte y, cuando llega el momento de dar explicaciones, presenta un nuevo protocolo sin presupuesto. Esto no es una política de vivienda; es política de escaparate».
Un protocolo que nació con «carácter declarativo»
El segundo frente de las críticas de UPL se dirige al protocolo firmado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, para promover la rehabilitación de viviendas privadas destinadas posteriormente al alquiler asequible.
Según recuerda UPL, durante la presentación se indicó que el protocolo tenía inicialmente «carácter declarativo» y todavía no disponía de presupuesto asignado.
El planteamiento consistía en establecer las bases para desarrollar posteriormente una línea de ayudas que permitiera recuperar viviendas vacías o infrautilizadas y ponerlas a disposición del mercado del alquiler.
La formación regionalista cuestiona que un proyecto presentado como respuesta al problema de la vivienda comenzara sin una dotación económica concreta.
«No se puede combatir el problema de la vivienda con fotografías, titulares y protocolos declarativos. Para rehabilitar viviendas hacen falta recursos, convocatorias y ayudas que lleguen a los propietarios y a los ciudadanos», sostiene Santos Reyero.
Un convenio piloto con 600.000 euros de cada administración
El proyecto, no obstante, ha tenido posteriormente nuevos anuncios en materia económica.
Según recoge la propia información aportada por UPL, la Junta ha anunciado que el programa de rehabilitación de vivienda privada se desarrollará mediante un convenio piloto con la Diputación de Zamora, para el que se prevé una aportación de 600.000 euros por cada una de las dos administraciones durante cuatro años.
Precisamente por ello, UPL quiere conocer cómo se materializará esa financiación y, especialmente, qué medidas adoptará la Junta para evitar que vuelva a producirse el bajo grado de ejecución que los regionalistas atribuyen a las partidas anteriores.
La vivienda, un problema especialmente sensible en el medio rural
UPL considera que la cuestión adquiere todavía mayor importancia en una provincia como Zamora, donde vincula la disponibilidad de vivienda con la posibilidad de atraer y mantener población, trabajadores, jóvenes y familias, especialmente en los pequeños municipios.
La formación recuerda que la propia Junta ha defendido la rehabilitación de viviendas vacías como una herramienta para incrementar el parque de alquiler asequible y contribuir a fijar población.
Sin embargo, los leonesistas consideran que existe una distancia entre los proyectos anunciados y su posterior ejecución presupuestaria.
En una provincia marcada por la despoblación, sostienen, disponer de viviendas habitables y con alquileres accesibles puede resultar determinante para que una persona que encuentra trabajo en un pequeño municipio pueda establecer allí su residencia.
Santos Reyero pide explicaciones en las Cortes
La iniciativa registrada por UPL pretende que el Gobierno autonómico explique qué valoración realiza de la ejecución de los fondos para rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social en Zamora.
También solicita aclaraciones sobre cómo pretende cumplir el objetivo de aumentar la oferta de alquiler mediante un protocolo que, en el momento de su presentación, según recuerda la formación, carecía de financiación y fue definido por el propio consejero como declarativo.
Santos Reyero reclama que los anuncios terminen convirtiéndose en actuaciones concretas y partidas realmente ejecutadas.
«Zamora no necesita más fotos de responsables políticos firmando documentos. Necesita viviendas rehabilitadas, ayudas concretas y dinero ejecutado. Lo demás es papel y propaganda».
UPL trasladará ahora estas preguntas a las Cortes de Castilla y León, donde espera que la Junta detalle qué ocurrió con las cantidades no ejecutadas y cómo se desarrollará y financiará el nuevo programa de rehabilitación de viviendas en la provincia.
