- El procurador leonesista Luis Mariano Santos registra 25 preguntas en las Cortes para aclarar si todas las instalaciones del proyecto pueden tramitarse bajo la figura de Proyecto Regional o si parte de las infraestructuras energéticas requieren autorización del Estado.
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido explicaciones a la Junta de Castilla y León sobre la tramitación del centro de datos hiperescalar proyectado en Monfarracinos, en la provincia de Zamora. La formación quiere conocer si el Gobierno autonómico ha comprobado que dispone de competencias para autorizar todas las instalaciones incluidas en el proyecto antes de iniciar su tramitación como Proyecto Regional.
El procurador leonesista Luis Mariano Santos ha registrado 25 preguntas en las Cortes de Castilla y León para solicitar información sobre el procedimiento administrativo, los informes sectoriales y las autorizaciones necesarias para desarrollar el complejo.
La principal cuestión planteada por UPL es si determinadas infraestructuras energéticas asociadas al centro de datos podrían quedar bajo la competencia de la Administración General del Estado, en lugar de corresponder exclusivamente a la Junta.
Un proyecto que incluye instalaciones de producción y transporte de energía
Según expone la formación regionalista, el proyecto de Monfarracinos no se limita a los cinco edificios previstos para albergar el centro de datos.
La actuación incorpora también diversas infraestructuras energéticas, entre ellas un parque fotovoltaico, una subestación eléctrica y líneas de evacuación.
UPL recuerda que la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, atribuye a la Administración General del Estado la autorización de determinadas instalaciones peninsulares de producción eléctrica cuya potencia instalada supere los 50 megavatios, así como de sus infraestructuras de evacuación y de otras instalaciones que excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma.
Por este motivo, los leonesistas reclaman que la Junta detalle qué elementos del complejo considera de competencia autonómica y cuáles podrían necesitar autorización estatal.
También preguntan si ese análisis se realizó antes de iniciar el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional.
La formación sostiene que esta figura de ordenación territorial no puede modificar el reparto de competencias establecido por la legislación ni sustituir las autorizaciones sectoriales que correspondan.
UPL reclama conocer los informes previos
Las preguntas registradas por Luis Mariano Santos también se centran en la documentación administrativa que respalda la tramitación.
UPL solicita que la Junta identifique el informe favorable de la consejería competente que, según plantea la formación, debe constar antes del inicio del procedimiento de aprobación del Proyecto Regional.
En concreto, pide conocer qué órgano lo emitió, en qué fecha y cuáles fueron sus conclusiones.
Asimismo, reclama información sobre los informes sectoriales relacionados con aguas, energía, medio ambiente, urbanismo, Protección Civil, incendios, carreteras, patrimonio y salud pública.
En caso de que alguno de estos documentos esté pendiente, la formación quiere saber cuáles faltan y en qué fase de tramitación se encuentran.
Dudas sobre la justificación del interés regional
Otro de los aspectos cuestionados es la utilización de la figura de Proyecto Regional para tramitar el conjunto de la actuación.
UPL solicita que el Ejecutivo autonómico explique dónde se justifica en el expediente que el centro de datos reúne los requisitos exigidos para acogerse a este procedimiento.
Entre las cuestiones planteadas figuran la acreditación de su utilidad pública o interés social y la existencia de una incidencia supramunicipal que justifique su consideración como Proyecto Regional.
Los regionalistas sostienen que la importancia económica de una inversión privada no exime del cumplimiento de las exigencias legales ni determina por sí sola qué administración debe autorizar cada infraestructura.
¿Qué ocurriría si algún informe fuera desfavorable?
La formación también quiere conocer cómo actuaría la Junta si alguno de los informes preceptivos resultara desfavorable, estableciera condiciones que obligaran a modificar sustancialmente el proyecto o detectara incompatibilidades que no pudieran corregirse.
En este sentido, UPL pregunta si el Gobierno autonómico contempla la posibilidad de modificar, suspender o denegar la aprobación del Proyecto Regional si no quedaran suficientemente acreditadas su viabilidad jurídica, urbanística, ambiental y territorial.
Los leonesistas reclaman además que la Junta se comprometa a no aprobar definitivamente el proyecto mientras no estén delimitadas las competencias de cada administración y se hayan incorporado al expediente todos los informes y autorizaciones exigibles.
A la espera de las explicaciones de la Junta
La iniciativa parlamentaria sitúa el debate sobre el centro de datos de Monfarracinos en el ámbito de las competencias administrativas y de las garantías jurídicas de su tramitación.
UPL considera necesario despejar estas cuestiones antes de avanzar hacia una aprobación definitiva, especialmente por la presencia de instalaciones energéticas asociadas al complejo.
Las preguntas registradas no suponen, por sí mismas, que se haya acreditado una irregularidad en el procedimiento. Su finalidad es solicitar información al Ejecutivo autonómico y aclarar si la tramitación iniciada se ajusta al reparto de competencias y a las autorizaciones exigidas por la normativa.
La respuesta de la Junta permitirá conocer qué análisis competenciales se han realizado, qué informes constan en el expediente y cómo se prevé coordinar la intervención de las distintas administraciones en un proyecto de estas características.
Fuente: Comunicado de Unión del Pueblo Leonés (UPL).
