- El paquete contempla 15 millones en ayudas directas y otros 15 millones en anticipos de las indemnizaciones de los seguros. Las cantidades estarán exentas de tributación y serán compatibles con las compensaciones obligatorias.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de noviembre, un Real Decreto-ley con 30 millones de euros destinados a apoyar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y a sus familiares. La medida pretende acelerar el pago de las ayudas y evitar que los afectados tengan que esperar a la resolución de los procedimientos ordinarios de las compañías aseguradoras.
El paquete económico, presentado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se divide en dos partidas de 15 millones de euros. La primera corresponde a ayudas económicas urgentes para las víctimas y la segunda al adelanto de parte de las indemnizaciones que corresponden a los seguros de responsabilidad civil.
Las cantidades tendrán carácter complementario a las coberturas previstas en la legislación para los accidentes ferroviarios, serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil y estarán exentas de tributación, por lo que los beneficiarios recibirán íntegramente los importes reconocidos.
Más de 72.000 euros por cada víctima mortal
El Real Decreto-ley establece diferentes cuantías en función de las consecuencias del accidente.
En los casos de fallecimiento, los familiares recibirán una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida, a la que se sumará otro importe equivalente como anticipo de la indemnización del seguro.
En conjunto, la cantidad prevista supera los 144.242 euros por cada víctima mortal, distribuida entre ambos conceptos.
Para las personas que hayan sufrido lesiones corporales, las ayudas se establecerán en función de la gravedad de las heridas. Los importes oscilarán entre algo más de 2.404 euros para los casos de menor entidad y más de 84.141 euros para las lesiones de máxima gravedad.
Estas mismas cantidades se aplicarán también a los anticipos de las indemnizaciones de los seguros.
El objetivo es que las personas afectadas puedan disponer de recursos económicos desde el primer momento, sin tener que esperar a que finalicen los procedimientos de valoración y compensación de las aseguradoras.
Protección especial para las bajas laborales y las pensiones
El paquete aprobado por el Gobierno incluye también medidas extraordinarias de protección para las personas trabajadoras afectadas por el accidente.
Las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del siniestro tendrán, excepcionalmente, la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica.
Esta modificación permitirá que los afectados puedan cobrar la prestación desde el primer día de baja, en lugar de tener que esperar al cuarto día, como sucede en las bajas por contingencias comunes.
Además, la prestación alcanzará el 75 % de la base reguladora desde el inicio, frente al 60 % que corresponde a las contingencias comunes durante los primeros días de baja.
La misma consideración de accidente laboral se aplicará, cuando resulte más favorable para los beneficiarios, al cálculo de las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como a las prestaciones por incapacidad permanente parcial.
También se contempla una protección específica para las personas incluidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. En estos casos podrán aplicarse las condiciones correspondientes a las pensiones extraordinarias cuando resulten más beneficiosas.
Estas medidas se reconocerán de oficio, sin necesidad de presentar una solicitud, y tendrán efectos retroactivos, incluso cuando la baja laboral ya haya finalizado o la pensión se encuentre reconocida.
Oficinas de atención integral para las víctimas
Otra de las medidas previstas es la creación de Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se desplegarán a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Estos servicios prestarán asistencia a los afectados para solicitar y tramitar las ayudas económicas y los anticipos de las indemnizaciones, además de orientarles sobre los recursos disponibles.
Las personas que no puedan desplazarse hasta las oficinas podrán recibir atención en su propio domicilio, en cualquier punto del territorio nacional, mediante el programa «La Administración Cerca de Ti», impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Limitación de precios en transportes alternativos y alojamientos
El Real Decreto-ley incorpora asimismo medidas para evitar que las consecuencias del accidente ferroviario provoquen incrementos injustificados de precios en los servicios que necesitan los viajeros afectados.
Mientras permanezca cortada la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, se establecerá una limitación temporal de los precios de los transportes alternativos al tren y de los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados.
El mecanismo fijará como precio máximo el que resultara aplicable en un periodo anterior de referencia, siguiendo criterios objetivos y verificables.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende impedir que el aumento de la demanda provocado por la interrupción del servicio ferroviario se traduzca en un encarecimiento de los desplazamientos y alojamientos para las personas que necesitan alternativas de transporte.
El conjunto de actuaciones aprobado por el Consejo de Ministros busca ofrecer una respuesta inmediata a las víctimas y sus familias, reforzar su protección económica y facilitar los trámites administrativos y las necesidades de movilidad mientras se recupera la normalidad en la conexión ferroviaria afectada.
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Nota de prensa del 3 de noviembre de 2026.
