En medio de una disputa legal de décadas, la Plataforma Aqua Nostra emerge como un bastión en la lucha por la justicia energética en España. Su último movimiento ha sido presentar alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica para solicitar la reversión de la concesión de las centrales hidroeléctricas de Villalcampo I y Villalcampo II, una acción respaldada por asociaciones como Terra SOStenible y Viriatos Zamora, así como por un grupo de ciudadanos liderados por Luis Rodríguez, con la representación legal de la abogada Pilar Calvo.

La historia de esta batalla legal se remonta a 1972, cuando a Iberdrola se le negó una prórroga para la concesión de las centrales, una decisión que fue reiterada en 2021. Según la plataforma, estas negativas se basan en el incumplimiento sistemático de las condiciones de la concesión por parte de Iberdrola, quien, según afirman, no ha reconstruido los puentes y pasos afectados por la construcción de los embalses, dejando a comunidades como Sayago y Salamanca incomunicadas.

Uno de los puntos centrales de las reivindicaciones de Aqua Nostra es que la nueva concesionaria de las centrales tenga su sede social y fiscal en la provincia, con el fin de que los beneficios económicos generados por la explotación de estas instalaciones permanezcan en la región. Además, proponen establecer un pago compensatorio a los pueblos afectados mediante un canon anual, asegurando el suministro gratuito de electricidad para los habitantes de dichas localidades.

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La plataforma denuncia que, lamentablemente, la mayoría de las sociedades propietarias de instalaciones eléctricas tienen su sede fuera de Zamora, e incluso de Castilla y León, lo que significa que los ingresos generados por estas operaciones no se reinvierten en las comunidades afectadas. «No puede ser que la principal riqueza de esta tierra se vaya en dirección al País Vasco con la misma velocidad con la que el agua se marcha hacia Oporto», lamenta Pilar Calvo.

La disputa legal ha alcanzado una nueva fase con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se discute la posible reversión de la concesión, 52 años después de la primera negativa en 1972. Para Aqua Nostra, este caso establece un precedente importante para el tratamiento de otras concesiones hidroeléctricas en España, demostrando que las prórrogas de dudosa legalidad no deben ser concedidas, como ocurrió en el caso de la presa de Ricobayo, que fue prorrogada por 30 años más.

En este proceso legal, la plataforma se enfrenta no solo a la empresa energética, sino también a la falta de apoyo de los ayuntamientos directamente afectados y de las instituciones. Sin embargo, su perseverancia y determinación reflejan un compromiso sólido con la equidad y la justicia en el sector energético, impulsando un cambio significativo en el modo en que se gestionan estos recursos en beneficio de las comunidades locales.

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