Pienso, luego digo – 09 de febrero de 2019.
Escuchando a través de una emisora de radio las noticias, llamó mi atención la forma en la que la periodista trataba una de ellas.
Se trataba del anuncio sobre las ayudas que la administración presentaba para tramitar unas subvenciones para la gente del campo y además de la cuantía de las ayudas, informaba sobre los plazos en los que los afectados podían comenzar a tramitar cada uno de los expedientes.
Finalizada la información, apostilló que seguramente los plazos se variarían, porque nunca se comenzaban a registrar, generalmente por problemas informáticos, el día que se abría el plazo, por lo que luego había que prolongar la fecha de su finalización.
Más tarde, escuché a uno de los representantes de una asociación de los agricultores que solicitaba que se pusieran cuanto antes en funcionamiento, los programas que permitieran que cuando se presentara la solicitud fuera en ese momento registrada, porque muchos de sus afiliados se ven obligados a ir una y otra vez hasta que la administración se encontrara en disposición de aceptar las solicitudes que llegaban y eso lo afirmaba el primer día que según la noticia, estaba abierto el plazo.
Me pareció muy poco serio que cuando se activa un programa con unos plazos limitados, los responsables de ejecutar el programa, no sean capaces de cumplir con una de las primeras obligaciones que luego nos exigen, el cumplimiento de los plazos.
¿No resultaría más lógico que se abrieran estos plazos cuando ya todo estuviera en condiciones de funcionar y poder ejecutarse y no hacer perder tiempo a los que tienen que recurrir a estas ayudas?
Es algo que no tiene mucho sentido, pero cuando profundizas y analizas el problema, te vas dando cuenta que no se trata de un caso aislado, ocurre en muchas situaciones parecidas y te vas percatando que esta falta de previsión es la que al final nos lleva a los problemas que tenemos en cualquier ámbito de la vida.
La improvisación con la que se hacen muchas cosas, solo puede garantizar que el resultado sea el que Dios quiera y no, como debería ser, fruto de una planificación meditada.
Si trasladamos este problema a otras necesidades que dependen de las administraciones públicas (medicina, enseñanza, urbanismo,…), llegamos a pensar que algunas cosas van saliendo bien, pero de milagro.
Creo que la incompetencia se demuestra con casos como este, no es lógico que cuando se desarrolla un programa, no se fijen al menos unos plazos en los que todo tiene que funcionar como un reloj, porque de lo contrario, el resultado puede ser el que sea, pero nunca el que se va buscando.
Las administraciones suelen ser inflexibles en los plazos que se ponen para cualquier tramitación y si el administrado no los cumple, ya sabe a lo que se expone, generalmente es una sanción por medio de un recargo y luego los tramites que tiene que hacer para solucionar el problema.
Ingenuamente, yo me pregunto si en estos casos en los que es la administración o los funcionarios que están en las administraciones los que no cumplen con los plazos, que también sean sancionados, porque siempre he oído que para que las leyes sean justas, deben ser igualitarias para todos, si no es así, se produce la injusticia que siempre acaba recayendo sobre los mismos.
Pero claro, soy un ingenuo que trata siempre de aplicar a toda norma, esa máxima que nos habla del sentido común, algo que en determinados ambientes, suele brillar por su ausencia.
