La directora general de Autónomos y Economía Social, Emma Fernández, ha participado en el Consejo de Fomento de la Economía Social, donde ha manifestado su oposición a las modificaciones planteadas en el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social por su carácter ideológico. Además, ha lamentado su incorrecta tramitación al eludir el informe de órganos consultivos previos.

La Junta de Castilla y León ha participado en la Convocatoria Extraordinaria del Consejo de Fomento de la Economía Social para presentar las alegaciones al Anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social.

En primer lugar, la directora general ha querido trasladar su malestar por gestionar la tramitación con carácter de urgencia, puesto que su trascendencia requiere un debate participativo para conocer las necesidades peculiares de cada comunidad y desarrollar fórmulas de fomento de economía social que realmente impulsen el empleo, refuercen su desarrollo económico y promocionen el emprendimiento, hurtando la participación de las comunidades autónomas.

Sobre la modificación de la Ley de Cooperativas, la directora general ha manifestado que considera restrictivo que se proponga incorporar «el fomento de una política efectiva de igualdad de género» entre las actividades realizadas con cargo al Fondo de Educación y Promoción, porque lo que ha de recogerse es la igualdad en sentido amplio, no ceñida a igualdad entre sexos, sino a la “igualdad de oportunidades y a una verdadera inclusión social”. La directora ha remarcado que “estamos a favor de la igualdad, pero no en la utilización ideológica de la misma” que restringe el fomento del espíritu del movimiento cooperativo.

Respecto a la ley de Empresas de Inserción, en línea con lo anterior, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, lo que se solicita es incluir nuevos colectivos objeto de exclusión social, como las víctimas de violencia intrafamiliar entre los posibles beneficiarios para su contratación por las empresas de inserción, al objeto de extender las medidas de protección a toda víctima de violencia, con independencia de su raza, sexo o edad.

Por último, se ha debatido sobre la Ley de Economía Social, que, tal y como ha indicado la directora, “debe venir perfectamente delimitada por sus principios más que por sus actores». Desde la Dirección General se ha trasmitido la preocupación del impacto que pueda suponer una nueva definición de Economía Social sobre los programas comunes de activación para el empleo y en concreto sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad. En su intervención, ha recordado que el debate en esta materia es esencial “para evitar situaciones como las que se pretendían con el reciente Anteproyecto de Ley de Incentivos a la Contratación, con la que se pretendía recortar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad, abocando al desempleo a miles de trabajadores con discapacidad”.

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