Los socialistas, Podemos y UPL han votado en contra porque «huele mal», y no respeta la transparencia.

Las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles la convalidación del ‘decretazo’ que permitirá, entre otras cosas, que las macrogranjas puedan implantarse en un municipio sin que sea necesaria la exposición pública del proyecto o un informe de impacto ambiental. El Decreto de Simplificación y Agilización Administrativa ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y de su socio de gobierno, Ciudadanos y con el reproche de ambos al PSOE, que se ha mostrado contrario, por no ser fiel al pacto de reconstrucción que se firmó la semana pasada.

El encargado de presentar el decreto ha sido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha recordado que forma parte del pacto, y en concreto, del punto 34 que dice que habrá que «profundizar en la simplificación y agilización administrativa, así como en la reducción de plazos, eliminación de trámites y modificación del sentido del silencio administrativo, así como en la reducción del número de normas de nuestro ordenamiento jurídico, disminuyendo en lo posible las obligaciones administrativas establecidas por la normativa autonómica para los municipios de escasa población. Todo ello como factor de impulso de la actividad económica». Tras citar ese punto del pacto, ha pedido a los socialistas que sean «más leales» porque la Junta ha «cumplido» con la condición del PSOE de que se abriesen los consultorios de Atención Primaria con cita previa o que se suspendiese la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

«Dejen que los empresarios ganen dinero»

Igea ha asegurado que el decreto no elimina requisitos medioambientales sino que «agiliza» trámites, por lo que ha reclamado a los socialistas que «abandonen las políticas conservadoras» y que «dejen que los empresarios ganen dinero, porque no hay recaudación si no hay actividad empresarial». El procurador socialista Luis Briones ha sido inflexible con un decreto «incongruente» y que además cuenta con un informe jurídico que lo cuestiona puesto que no sólo no simplifica trámites sino que además modifica ocho disposiciones legales. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también intervino para asegurar que no habrá modificaciones de trámite para las macrogranjas sino que para las explotaciones medianas y pequeñas sólo será necesaria una «declaración responsable» y el informe técnico de un ingeniero agrónomo, ya que para los ayuntamientos pequeños no es fácil otorgar una licencia ambiental.

Uso de la pandemia para «vulnerar trámites»

Para Briones, el Ejecutivo autonómico está «aprovechando» la pandemia para «vulnerar trámites medio ambientales» y se deja el cumplimiento de la Ley a la «buena fe del interesado». Además, ha aludido a la Trama Eólica, puesto que de este decreto también se beneficiaran los parques eólicos, que verán reducidos los plazos de autorización y que además tendrán un silencio administrativo positivo. «Esto huele mal», ha dicho en una clara ironía al olor que provocan las explotaciones intensivas porcinas. «Sé que le molesta que le recuerden una frase que usted acuñó, pero se la tengo que decir: la administración no es usted» 

El procurador de Ciudadanos José María González, igual que Igea, ha recordado a los socialistas que han firmado un pacto y ha defendido el decreto asegurando que «no hay cambios en la normativa sino en los trámites», lo que ha provocado risas y protestas en la bancada del PSOE

El único procurador de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha criticado que el decreto permita la instalación de macrogranjas con la sola comunicación al Ayuntamiento, sin que haya un periodo de información pública y que esto pueda pasar en cualquier pueblo sin que los vecinos se enteren hasta que vean las explotaciones en pleno funcionamiento. «Hay que respetar la transparencia, señor Igea, y el derecho a audiencia de quien pueda sentirse perjudicado. Hoy me alegro especialmente de no haber firmado el acuerdo de reconstrucción», ha manifestado.

«Es para favorecer a los primos de Pablo Casado»

«Estamos hoy ante una nueva muestra de por qué el Ejecutivo autonómico es un gobierno antisistema cuya seña de identidad es conculcar el ordenamiento jurídico y vulnerar la normativa», ha dicho el procurador de Podemos, Pablo Fernández en su turno de intervención. Fernández ha rechazado «de plano» el «decretazo» con el que se pretende «legitimar de forma subrepticia» algo que ya tumbó el Tribunal Superior de Justicia cuando la Junta quiso eliminar las licencias ambientales para las granjas. Según Fernández se ha aprovechado «la coyuntura de la pandemia» para «desregular» actividades. A su juicio, el Decreto de Simplificación Administrativa no es mas que un eufemismo para poner «una alfombra roja a las actividades intensivas como las macrogranjas». 

Ha afirmado además que «curiosamente» algunos de los «favorecidos por la tropelía» son «primos de Pablo Casado». «¡Qué casualidad, oh sorpresa, no me lo puedo creer! El Partido Popular y sus adláteres de Ciudadanos pretenden imponer de forma torticera algo que en su día rechazó el Tribunal Superior de Justicia para favorecer entre otros a los primos de Pablo Casado, me pinchan y no sangro, señorías», ha comentado. Además, se ha referido a una «involución normativa» a 1961 que ponen de manifiesto la añoranza de la Junta por «los tiempos del nodo, del franquismo». «Ustedes lo que pretenden con este decreto es instaurar una suerte de remedo de ‘Los Santos Inocentes'», ha criticado. Podemos ha votado en contra porque el decreto aprueba «la erradicación de la información pública y conculca la tutela judicial efectiva y la información ciudadana». «Les auguro que esto terminará en los tribunales, que es su hábitat, su red natura natural», ha advertido Fernández.